Limak, bajo la condescendencia y el pasotismo de la directiva de Joan Laporta, parece que no ha aprendido de las denuncias por abuso de los trabajadores subcontratados a lo largo de los dos años de obras en la reforma del Camp Nou. Desde luego, la dirección de obra se vio obligada finalmente, tras numerosas denuncias periodísticas, a contratar mano de obra en las condiciones convenidas con el sector y bajo la supervisión y acecho de los sindicatos, que pudieron acceder a las instalaciones y comprobar que las irregularidades respecto de la normativa laboral estaban a la orden del día.
No obstante, los mandos de Limak, lo que serían los capataces, no han cambiado esa mirada explotadora y al límite, o un poco más, de la ordenanza, como revela el caso de Ismail, un joven refugiado palestino que sufrió un accidente laboral el 4 de enero mientras trabajaba para una de las empresas subcontratadas. Durante una descarga de material se torció el tobillo y cayó al suelo, y fue auxiliado por varios compañeros que lo trasladaron a la enfermería de la obra, gestionada por los servicios de prevención bajo responsabilidad de la empresa Limak.
Según el testimonio de Ismail, uno de los encargados minimizó la gravedad de la lesión y rechazó llamar a una ambulancia, alegando que «las ambulancias son solo para los muertos». Finalmente, Ismail tuvo que ir al hospital en taxi, pese a su insistencia por recibir atención médica adecuada. La ley obliga a las empresas a notificar cualquier accidente laboral a la autoridad competente en un plazo máximo de cinco días, pero la empresa no habría cumplido con este procedimiento. Esta información fue difundida por El Periódico recientemente, con detalles sobre los hechos posteriores, como que Ismail estuvo de baja médica desde el día del accidente.
Sin embargo, el 17 de febrero, justo un día después de terminar su periodo de prueba y poco más de un mes tras el siniestro, la empresa le dio de baja en la Seguridad Social sin previo aviso ni carta de despido. Este proceder se considera irregular y presuntamente ilegal, ya que la normativa exige notificar y dar derecho de audiencia al trabajador antes de un despido. Por estos hechos, Ismail, con el apoyo del bufete Col·lectiu Ronda, ha presentado una demanda judicial contra Opportunity of a Lifetime SL, la empresa que lo contrató, y contra Rinko Instalaciones Internacionales SL, la empresa para la que realmente prestaba servicios, reclamando la nulidad del despido y una indemnización de 30.000 euros por vulneración de derechos fundamentales. La empresa no se presentó al acto de conciliación y el caso está pendiente de juicio.
Limak sigue afirmando, por su parte, que cuenta con protocolos de seguridad y un equipo profesional que supervisa diariamente los trabajos y cubre a todo el personal en caso de emergencias. La estadística de accidentalidad de la obra azulgrana arroja, eso sí, unas cifras por debajo de la media, lo que no quiere decir que no se hayan producido situaciones graves por caídas desde altura y atropellos.
Aunque se habían recabado quejas de los trabajadores por precariedad, salarios por debajo del convenio y jornadas que superan las 50 horas semanales sin pago de horas extras, no se habían reportado incumplimientos graves en materia de prevención de riesgos laborales. El caso de Ismail puede sugerir que una parte de los accidentes, no determinada, no haya sido comunicada por la obra en la forma debida ni tampoco por los trabajadores si sospechan o temen que, más allá de unos días de baja, como le ocurrió a Ismail, por las políticas de Limak, se arriesgan a ser despedidos. No es la mejor publicidad para Limak, que ya tiene una mala fama bien ganada en este y otros ámbitos, ni desde luego para el Barça.
