La Fiscalía ha decidido retirar la acusación contra nueve de los 21 activistas juzgados por el desalojo del llamado Bloque Llavors de Barcelona en 2021, mientras que para los doce restantes ha rebajado la acusación, ya que ha retirado los delitos de atentado contra la autoridad, daños y lesiones. De este modo, la petición total de pena pasa de 35 a 12 años de prisión por resistencia a la autoridad y de 187.000 a 40.400 euros de multa por coacciones. El ministerio público no pide indemnización alguna porque ha sido imposible determinar los causantes de los daños concretos.
Por su parte, la Generalitat de Catalunya, como acusación particular, ha seguido reclamando una indemnización de 20.135 euros, principalmente por los desperfectos con pintura en las furgonetas y uniformes de las unidades ARRO y Brimo de los Mossos d’Esquadra que participaron en el desahucio. El caso se remonta a 2016, cuando Vauras Investments, un fondo de inversión con capital finlandés, compró el edificio y fue comunicando a los vecinos que lo tenían que abandonar. En agosto de 2017, seis de los pisos fueron ocupados y entraron a vivir familias vulnerables. Lo que se bautizó entonces como Bloque Llavors resistió a cuatro intentos de desahucio.
Finalmente, el 25 de mayo de 2021 se efectuó el desalojo del Bloque Llavors. Ese día, unas 40 personas se opusieron al desahucio desde dentro del edificio, una veintena desde el portal y más de un centenar al otro lado del cordón policial, donde hubo cargas. En paralelo a la ejecución del desahucio, algunos grupos ocuparon la sede de ERC, ya que el día de antes del desahucio fue la toma de posesión de Pere Aragonès (ERC) como presidente de la Generalitat.