La Fiscalía Superior de Cataluña ha emitido un informe donde se opone al indulto de la expresidenta del Parlament y exconsejera de Cultura Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión y a trece de inhabilitación, más una multa de 36.000 euros, por prevaricación y falsedad en documento oficial cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
De este modo, el Ministerio público se opone a la petición de indulto parcial que hizo el propio tribunal sentenciador, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y a la petición de indulto total de la escritora Margarida Aritzeta. De momento, el TSJC ha suspendido el ingreso en prisión mientras el Gobierno español decide sobre el indulto.
Borràs fue condenada a cuatro años, seis meses y un día de prisión por prevaricación, delito continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado en documento mercantil durante su paso por la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Borràs fraccionó 18 contratos menores por valor de 335.700 euros, aunque fue avisada por los controles internos de que no lo podía hacer.
El indulto propuesto por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC afecta, exclusivamente, al tiempo que supera los dos años de la pena, por lo que se mantendría la condena a dos años, seis meses y un día. Además, el TSJC acordó suspender su ingreso en prisión hasta que se resuelva la propuesta de indulto parcial, que deberá decidir el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.
Sin penadimento
La Fiscalía, en su informe, considera que no se ha cumplido la finalidad rehabilitadora: “No existe ningún comportamiento de la señora Borràs que permita inferir una mínima aceptación de la conducta delictiva perpetrada y un propósito decidido de no reincidir”, asegura el escrito de la Fiscalía, informa la ACN.
«No ha aceptado en ningún momento su responsabilidad, no reconoce haber actuado al margen de la ley ni ha exteriorizado el más mínimo signo de arrepentimiento por las conductas que motivaron su condena», argumenta la fiscal, que añade que «al contrario, son constantes y contumaces las manifestaciones públicas de la señora Borràs, tanto a lo largo de la instrucción como con posterioridad a la sentencia, en que niega su responsabilidad en el delito, reivindicando su inocencia, deslegitimando la actuación jurisdiccional y afirmando, sin nada de pudor, haber sido víctima de una persecución judicial por sus ideas políticas; se presenta como víctima de “lawfare” quien ha cometido el delito con absoluto abuso de autoridad y desprecio a la legalidad», concluye la fiscal. Para demostrarlo, incluye algunas declaraciones públicas y tuits de la condenada. «Por lo tanto, la señora Borràs no se encuentra reeducada ni rehabilitada socialmente», resume.
Asimismo, la Fiscalía recuerda que actualmente Borràs da clases en la UB, lo que le permitiría “reproducir conductas de abuso de poder, adoptar resoluciones injustas, falsear o alterar documentos oficiales o defraudar la administración”, y pone de ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo contra un profesor universitario por delitos similares. Por ello, también se opone al indulto de la inhabilitación para cargo público, ya que como profesora, podría reincidir.
Junts, con la expresidenta
Junts per Catalunya ha “rechazado” este lunes la oposición de la fiscalía superior al indulto para Borràs por la condena por su gestión en la ILC. El vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, ha expresado “todo el apoyo” a la expresidenta de la formación y del Parlament, y ha asegurado que se trata de un “nuevo episodio más de la dinámica de rebeldía y de fanatismo político que está instalado en una parte de la judicatura española”.
En este sentido, la formación de Carles Puigdemont ha reiterado públicamente que se trata de un «caso de “lawfare” de manual», como ha hecho en anteriores ocasiones.
