No solo el derecho al aborto. El derecho a una muerte digna –bien sea con la eutanasia o mediante el suicidio asistido– también está prohibidísimo en Andorra. El gran peso de la Iglesia en el ordenamiento jurídico del país de los Pirineos impide la elección voluntaria de morir, que sí que está regulada y legalizada en otros países europeos.
El artículo octavo de la Constitución andorrana del 1993, “reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases”. Con este sencillo enunciado, las mujeres que quieren abortar –incluso en casos de violación o de malformación del feto– y los enfermos incurables, aunque sufran dolores insufribles, están privados en Andorra de decidir libremente sobre su destino.
Europeos, según para qué
Esta carencia de derechos fundamentales es especialmente chocante en un momento en que el Gobierno andorrano de Xavier Espot se lo juega todo a la aprobación del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Recordemos que, en el caso del derecho al aborto, Andorra es el único país europeo donde está prohibido en cualquiera de los tres supuestos y, además, está perseguido penalmente.
En cuanto a la muerte digna de los enfermos crónicos, este derecho fue reconocido por los Países Bajos en 2002. Con posterioridad, otros países, como Bélgica (2002), Luxemburgo (2009), España (2021) y Portugal (2023) también lo regularon y lo introdujeron en su legislación.
El copríncipe francés, de acuerdo
Esta semana, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado, con 305 votos a favor y 199 en contra, la ley del derecho a la muerte digna, que despenaliza y regula la eutanasia y el suicidio asistido. Su aplicación está sujeta a los siguientes criterios: evitar el sufrimiento físico y psíquico inhumano de los enfermos terminales; que la persona exprese de manera clara su voluntad de poner fin a su vida y que la evaluación sea hecha por médicos especialistas de manera colegiada.
El presidente Emmanuel Macron, que es también copríncipe de Andorra, se ha manifestado públicamente a favor de la aprobación de la ley del derecho a la muerte digna, que ahora tiene que pasar por el Senado antes de su entrada en vigor. Por su parte, la Conferencia episcopal francesa ha mostrado su oposición al texto legislativo y cree que ataca “el pacto social y el modelo de cuidados francés”.
El PS está a favor
En Andorra, el derecho a la eutanasia no ha sido objeto, todavía, de ningún debate público y político en profundidad, como sí que ha pasado con el aborto, y no figura en la agenda de prioridades del Gobierno de Xavier Espot. El actual copríncipe episcopal, Joan-Enric Vives, se ha pronunciado en alguna ocasión y lo ha hecho de manera contundente: “La Iglesia es contraria al ensañamiento terapéutico, pero reitera que la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para la sociedad y atentan contra la dignidad de la persona humana”.
En cambio, en línea con sus homólogos españoles y europeos, el Partido Socialdemócrata andorrano (PS) es partidario de regular y de legalizar la muerte digna de los enfermos incurables y así lo ha aprobado el congreso del partido. Pero, conociendo la actitud totalmente contraria del Vaticano, es impensable que, mientras perviva la figura del coprincipado episcopal, esta cuestión llegue a ser aprobada algún día por el Consejo General (Parlamento).