La emisión del documental 7291 en la cadena 2 de Televisión Española, con motivo de los cinco años desde la pandemia del Covid-19, ocasionó un debate intenso, previo y posterior, sobre el comportamiento y la responsabilidad de la presidenta del gobierno madrileño, la manipuladora y compulsiva mentirosa Isabel Díaz Ayuso, sobre cómo se gestionaron los días de la Covid-19 en las residencias de personas ancianas.
En este documental y el programa, con testimonios desgarradores de algunos familiares y sanitarios, han demostrado las mentiras y las contradicciones de los responsables políticos en la gestión de la pandemia.
Parece como si algunos de los dirigentes del Partido Popular, liderados por Carlos Mazón, pensasen que las clases trabajadoras somos unos bobalicones que no nos enteramos de nada y nos tragamos todas sus mentiras, sean cuales sean.
Ahora bien, cuando hay centenares y miles de muertos como consecuencia de una negligencia o de una praxis poco ética y respetuosa con la vida y los derechos humanos, hay que desenmascarar y exigir responsabilidades de todo tipo a los responsables, sean quienes sean, ya que nadie debe quedar impune ante tanta irresponsabilidad e irracionalidad.
Este documental pone en el punto de mira la gestión de la presidenta del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, durante los días más críticos de la pandemia de la Covid-19.
Las críticas se centran en lo que muchos consideran una actitud manipuladora y una falta de humanidad y de transparencia en los responsables políticos, así como en las decisiones controvertidas y de desprecio a las personas residentes en las residencias que, a pesar de tener derecho a ello, por una decisión política no fueron trasladadas a hospitales o centros sanitarios para recibir la atención que necesitaban.
Ahora bien, esta controversia no sólo afecta a la esfera política sino que también plantea cuestiones éticas y sociales importantes, especialmente cuando se trata de la manera en que se tomaron decisiones que impactaron directamente en la vida y la salud de miles de personas.
Uno de los puntos más polémicos es la percepción, por no decir convicción, de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), actuó de manera manipuladora, ocultando información o presentando una versión sesgada de los hechos para proteger intereses políticos e ideológicos.
Para muchos, esta actitud no sólo es irresponsable sino que también es profundamente irrespetuosa hacia las víctimas y sus familias. En una situación de crisis sanitaria, donde la transparencia y la comunicación clara son cruciales, cualquier intento de distorsionar la realidad puede tener consecuencias devastadoras.
Además, también las críticas se dirigen a la manera en que las políticas adoptadas por el gobierno madrileño afectaron a las clases trabajadoras.
Negar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un documento en la tercera semana de marzo en el que se fijaron los “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid no sólo es una estupidez sino también un desprecio a las vidas de las personas residentes.
Por ello, en cualquier sociedad democrática, cuando se producen errores o negligencias que ocasionan pérdidas humanas masivas (DANA) es fundamental exigir responsabilidades.
Esta exigencia no sólo es necesaria para hacer justicia a las víctimas sino también para asegurar que estos errores no se repitan en el futuro. La impunidad en estos casos crea un precedente peligroso que erosiona la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para proteger los derechos fundamentales.
El documental 7291 ejemplifica cómo los medios de comunicación, si están al servicio de sus lectores, pueden desempeñar un papel fundamental en la sociedad.
Este documental, a través de su narrativa, no sólo cuestiona prácticas de gestión pública sino que también obliga a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Este tipo de contenido nos recuerda que la función de los medios va más allá de entretener: son una herramienta esencial para empoderar a la ciudadanía y dar voz a cuestiones que, aunque incómodas, son necesarias para garantizar una democracia saludable y responsable.
