La Audiencia Nacional ha acordado el ingreso en prisión incondicional para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad en tiempos de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, por su posible papel en una trama de robo y venta de datos de organismos públicos y privados.
Al margen de este ex-alto cargo, conocido por el sobrenombre Paco Bomba, también se ha dictado prisión provisional en la misma causa para el hacker José Luis Huertas, alias Alcasec, y el youtuber Álvaro Martín, los tres investigados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, particularmente violación o intrusismo en un sistema informático y apoderamiento y cesión de datos reservados, y delito de organización criminal.
La magistrada instructora María Tardón ha acordado el ingreso en prisión de Francisco Martínez al considerar la existencia de un riesgo de destrucción o alteración de fuentes de prueba. Además, en el caso de Alcasec aprecia los riesgos de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva y de huida, y los riesgos de destrucción de pruebas y de huida con respecto a un tercer detenido. El cuarto investigado, el youtuber Álvaro Martín, fue detenido en Andorra y queda pendiente de una solicitud de extradición.
La Policía Nacional detuvo este martes a los cuatro como presuntos integrantes de una red que, desde 2024, habría llevado a cabo una serie de ciberataques contra organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transportes, redes telefónicas y plataformas educativas. Concretamente, mediante el desarrollo de una plataforma para almacenar, indexar y comercializar datos de personas físicas y jurídicas, además de operaciones institucionales, con las que podían elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros.
Según han informado fuentes policiales y recoge la ACN, la estructura operaba como una auténtica red de inteligencia privada y uno de los miembros tenía un papel clave en su internacionalización. Las operaciones llegaban al exterior mediante contactos profesionales en otros países, donde se presentaban como un entorno “legítimo de asesoramiento tecnológico”.
La investigación que dio lugar a las detenciones se inició a raíz de la denuncia de una institución pública que sufrió un acceso ilícito a sus servicios informáticos, lo que originó la extracción masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfono móvil.
Uno de los hitos destacados de la operación ha sido la intervención y recuperación de la infraestructura tecnológica de esta red, de manera que se ha podido identificar y desmantelar la actividad de los servidores principales, además de obtener las bases de datos alojadas en la nube y, así, proteger información confidencial de millones de personas.
