La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) está bajo sospecha por diversos motivos: tanto por el descontrol a la hora de supervisar a los jóvenes tutelados por la Generalitat (por este motivo se descubrió una red de pederastas que violaban a una menor tutelada, tal y como ya explicó EL TRIANGLE) como por la adjudicación de centenares de millones de euros a entidades privadas para gestionar el acompañamiento de estos jóvenes, entre los que se encuentran adolescentes, menores extranjeros no acompañados (menas) y jóvenes de hasta 21 años en riesgo de exclusión.
Es precisamente en este circuito del dinero donde hay sospechas de fraude, de desvío de fondos y de graves malversaciones de caudales públicos. Fiscalizaciones de la Sindicatura de Cuentas y una denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) han puesto el dedo en la llaga y amenazan con ensanchar el mayor escándalo económico en Cataluña de las últimas décadas.
La Sindicatura de Cuentas certificó en su último informe que entre 2016 y 2020 la DGAIA adjudicó 788.752.000 euros a 101 entidades para que le ayudaran en el servicio de acogida de jóvenes y adolescentes. “En el análisis de la distribución del gasto se ha observado que 10 entidades concentraban más del 55% del gasto”, dice el informe 3/2024 elaborado por la Sindicatura.
En la relación de entidades más beneficiadas figuran la Fundació Resilis (80 millones de euros), el Institut de Treball Social y de Serveis Socials (Intress, 64,9 millones), la Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial (58,7 millones), la cooperativa Suara Serveis (46,8 millones), la cooperativa Eduvic (46,2 millones), la Fundació Mercè Terrades (FMF, 41,3 millones), la cooperativa Actua (27,3 millones), la Fundació Privada Idea (25 millones), la cooperativa Gestióiy Diseny (24 millones), la Asociació Asteroide B-612 (21,4 millones) y la Fundació Acció Social Infància (FASI, 19,3 millones). También hay dos adjudicaciones más a dos uniones temporales entre Resilis y FMF por una suma de 14,2 y 11,2 millones de euros, respectivamente.
“Cabe destacar que durante el periodo fiscalizado la Fundació privada Resilis, la Fundació Mercè Terrades y las UTE constituidas por ambas fundaciones supusieron unas obligaciones reconocidas de 147,29 millones, que representan el 18,7% del total de gasto”, dice el informe de la Sindicatura. Pero, en realidad, quien se lleva la parte del león del gasto de la DGAIA es el grupo Plataforma Educativa, al que pertenecen Resilios y FASI. Si extraemos los contratos de la Fundació Mercè Terrades y unimos sus adjudicaciones más las de las UTE, el resultado es que Plataforma Educativa recibió en este periodo casi 125 millones de euros sobre un total de 778 millones. Y son las que se llevan la porción mayor (casi un tercio) de entre los 427 millones de euros que recibieron las 10 primeras a las que alude la Sindicatura.
Pero, ¿quién está detrás del poderoso entramado de Plataforma Educativa, que en los últimos años ha extraído centenares de millones de euros de los servicios sociales catalanes? Bajo el paraguas de Plataforma Educativa se acogen las fundaciones Resilis, FASI, Astres, El 7, Gentis, Infància i Famólia y Utopia, además de las cooperativas Idària, Eina Activa, la asociación Acciona’t, las UTE IPIS, PIL, SEVAP y el CREI Andorra.
En Plataforma Educativa figuraba históricamente como presidenta Anna Sunyer; como vicepresidenta, Gemma Boada; como secretario, Roger Casero; como tesorero, David Ruiz; y como vocales, Jordi Pascual Pèlach, Mònica Canyella, Pilar Bosch y Glòria Fàbrega. En la actualidad, tiene una dirección estratégica que encabezan Jordi Pascual como director general y Ricard Calvo como subdirector general. La dirección operativa está formada por 13 altos cargos con diferentes responsabilidades. Pero los nombres que aparecían en la cúpula histórica son los nombres recurrentes en la dirección del resto de organizaciones (hasta 11) que forman el grupo Plataforma Educativa.
En Resilis, presidida por Roger Casero, la vicepresidenta primera es Gemma Boada y la tesorera Pilar Bosch; en su patronato figuran Jordi Pascual y Anna Sunyer, y el gerente es David Ruiz. En Astres, la presidencia recae en David Ruiz, mientras que Anna Sunyer es la secretaria y Jordi Pascual figura como vocal. En Gentis, la presidencia está en manos de Montserrat Serrats, pero Anna Sunyer es la secretaria, y Jordi Pascual, vocal. En Acció Social Infancia (FASI), el presidente es Miquel Calm, mientras que Jordi Pascual es el vicepresidente primero y Pilar Bosch la vicepresidenta segunda. En Infancia y Familia, la presidencia es de Montserrat Martí, la vicepresidencia recae en Ricard Calvo y Anna Sunyer es la gerente. En El 7, el presidente es Roger Casero, lo mismo que en Resilis. En Utopía, la presidencia está ocupada por Romà Boulé, mientras que Pilar Bosch es la secretaria y Jordi Pascual es vocal del patronato y director general de la entidad a la vez.
Entidades endogámicas
Son, pues, entidades endogámicas, controladas por un puñado de directivos que se reparten los cargos en todas las entidades del grupo. En la DGAIA, la que concurre a las adjudicaciones es Resilis, que además es quien constituyó las uniones temporales de empresas con la Fundació Mercè Terrades (FMF). Las concesiones a FASI no llegan ni a la cuarta parte de las de su compañera Resilis.
Estas UTE sirven para realizar el acompañamiento de los jóvenes tutelados que acogen en sus centros, y están ahora bajo sospecha. Resilis dispone de 402 plazas residenciales de menores, da trabajo a 481 profesionales y mueve más de 24 millones de euros anuales: es la perla de la Plataforma Educativa. Las fundaciones Astres, FASI, Infancia i Familia, Gentis, El 7 y Utopía, más las cooperativas Idària y Eina Activa, mueven en su conjunto algo más de 25 millones de euros al año. Si contamos lo que mueve Plataforma Educativa como entidad jurídica, el grupo factura más de 59 millones al año, tiene 1.500 profesionales en plantilla y da servicio a más de 15.000 personas.
Que Resilis destaca entre las demás lo prueba el hecho de que absorbió todo el patrimonio de la Fundación Plataforma Educativa: “En fecha 25 de octubre de 2019, los patronatos de Fundació Resilis y Fundació Plataforma Educativa acordaron la fusión por absorción entre ambas entidades, de forma que Fundación Plataforma Educativa quedará absorbida por Fundació Resilis, subrogándose esta última en todos los derechos y obligaciones de la entidad absorbida, adquiriendo todo su patrimonio. Esta fusión se firmó ante notario el día 23 de diciembre de 2019, con efectos desde el día 1 de enero de 2020”, recoge en su memoria.
La Fundación Mercè Terrades (FMF) está presidida por Domènec Domènech Roig (presidente), Francesc Abad Cuende (vicepresidente primero), Montserrat Anfrons Gubert (vicepresidenta segunda), Pere Molins Garcia (secretario) y Mercè Terrades Emanuel (tesorera). Fue creada por la Associación Estrep y los miembros de su patronato, en gran parte, también componen la cúpula de la Asociación Coordinadora Sinergia Social, una entidad que ofrece servicios de gestión a un centenar de entidades del sector.
La FMF tiene 22 centros residenciales (para jóvenes y personas mayores) en todo el territorio. En el año 2023, la UTE SEVAP entre Resilis y FMF trató a 500 personas en Barcelona, 480 en el área metropolitana, 656 en El Bages, 461 en Tarragona, 386 en Girona y 180 en Lleida. En total, 2.662 personas atendidas.
Los programas de inserción laboral (PIL) llegaron a 395 personas en las 240 plazas que tiene distribuidas en siete centros. El servicio de Itinerarios de Protección Individual (IPI) dispone de 198 plazas, en las que fueron atendidas en este ejercicio 309 personas en cinco centros, y en el CREI de Andorra se dio acogida a 17 jóvenes.
Los datos aparentemente claros y diáfanos de las cuentas anuales y las memorias se vuelven desgarrados y opacas en los informes oficiales. Un trabajador de la UTE SEVAP de Girona denunció en varias ocasiones a la FMF que Resilis y FMF estaban cobrando por “plazas fantasma” que no están ocupadas por jóvenes. En otras palabras, la denuncia de la OAC recoge datos, documentos y grabaciones de conversaciones donde se explica cómo se falsean informes y se cobra a la administración por jóvenes que no existen, es decir, que no están bajo el control de las fundaciones, sino que se han emancipado o que incluso se han marchado de Cataluña.
“Fundació Privada Resilis gestiona SPAE Resilis Pisos +18. La UTE conformada entre ambas entidades gestiona el SEVAP y aprovecha para blanquear las irregularidades denunciadas de la primera -explica la denuncia ante la OAC–. Por lo tanto, nos encontramos ante una alianza estratégica antre las dos entidades más potentes del tercer sector en Cataluña con el fin de encubrir la incompetencia de la DGAIA y el enriquecimiento ilícito de Fundación Resilis y la Fundació Mercè Terrades”, asegura la denúncia.
Los pagos que hace la Administración son de dos clases. Una es la “prestación de vivienda”, con la que abonan 119,91 euros por día y joven a las fundaciones para acoger a menores tutelados. Se trata de los pisos SPAE de Resilis y los pisos PIL de FMF. Para los jóvenes de 18 a 21 años, el pago de la administración es de 46,53 euros por día. Son mucho dinero, porque eso supone que las entidades privadas pueden llegar a cobrar hasta 3.600 euros al mes por cada joven que está bajo su supervisión. Si estos jóvenes no existen, la cuantía de la malversación de dinero es estratosférica.
El otro pago es por la “prestación económica”: “Los jóvenes perciben directamente el importe de la administración, que equivale a 754 euros mensuales. Si los jóvenes trabajan, se debe hacer una adecuación de la prestación (extinción, suspensión o reducción) con el fin de no superar 1,5 veces la prestación. Si también son beneficiarios de la prestación de vivienda, son los referentes de los pisos que deben informar a la persona para que el joven efectúe un copago del piso”.
Las irregularidades se empiezan a destapar cuando un técnico de Girona se da cuenta de que S.G., un menor tutelado, llevaba meses residiendo en Valencia mientras era beneficiario de una prestación económica. Al comunicarlo a sus superiores, estos intentaron enterrar el asunto. Días después, otro menor le explica que la mayoría de los jóvenes que están en los pisos SPAE “son beneficiarios de la prestación de vivienda; están trabajando, cobran la prestación y no efectúan un copago del piso, ya que no se informa a la ASJTET. Me pregunta por qué él no tiene estas ventajas, por qué él tiene que sobrevivir con 717 euros mientras otros jóvenes cobran mucho más y no pagan el piso”.
Le da nombres, datos y fechas. El trabajador lo comprueba, y al descubrir que se están falseando los expedientes de cobro lo comunica a los responsables de SEVAP. Unos días más tarde, el joven que le había pasado los datos le llama de nuevo y le comenta que un alto cargo le dijo a un amigo suyo que le sacarían la paga porque el trabajador se había chivado. A partir de ahí, comenzaron las amenazas de los menores, que, al ser comentadas por el técnico a sus superiores, fueron minimizadas por estos diciéndole que no hiciera caso. Pese a todo, interpuso denuncia ante los Mossos d’Esquadra.
Estas irregularidades en la gestión del cobro de las prestaciones por parte de los jóvenes, ya sean tutelados o extutelados también están siendo investigadas ahora por la Sindicatura de Cuentas. Y mientras la administración y las fundaciones miran hacia otro lado, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), la Sindicatura de Cuentas y el síndico de agravios investigan lo que parece ser la punta del iceberg de un cúmulo de irregularidades que provocan que haya miles de millones de euros bajo sospecha de malversación. El trabajador, por su parte, tuvo que ser declarado testigo protegido para evitar que siga siendo amenazado o que pueda llegar a ser agredido.
*Puedes leer el artículo entero en el número 1624 de la edición en papel de EL TRIANGLE.