l La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para cargo público para los exconsejeros de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon, a los que acusa de prevaricación por supuestamente haber retrasado intencionadamente la vacunación de la covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña en 2021.
El ministerio público pide el mismo castigo para Marc Ramentol, exsecretario general de Salud, y AdriàComella, exdirector del Servicio Catalán de la Salud, y pide la absolución para Francesc Xavier Rodríguez, director de servicios de Salud. No obstante, la Fiscalía pide la absolución de todos por el delito contra los derechos de los trabajadores.
Por su parte, los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil Jupol y Jucil reclaman para los dos exconsejeros y los tres excargos de Salud tres años de prisión, 15 años de inhabilitación y pagar una multa de 72.000 euros por los delitos contra los trabajadores y de prevaricación. Las defensas de los excargos de Salud niegan ninguna decisión prevaricadora y aseguran que fue una actuación colegiada y con criterios sanitarios.
La vacunación de los policías nacionales y guardias civiles estaba programada para empezar el 14 de marzo de 2021, pero la dirección de Salud ordenó detenerlo porque desde el Gobierno español se había indicado que había problemas con la vacuna AstraZeneca, al detectarse casos de trombosis, y que solo se vacunara a las personas de entre 60 y 65 años. El 22 de marzo se indicó que ya se podía volver a vacunar a todos.
El fiscal sostiene que todos los investigados «eran plenamente conscientes de que con su decisión discriminaban» a los agentes españoles y precisa que en aquellas fechas sólo el 2,8% de agentes de la Guardia Civil y el 3,6% de agentes de la Policía Nacional destinados en Cataluña habían sido vacunados, mientras ya la tenían el 77% de los Mossos d’Esquadra, y con porcentajes similares la Guardia Urbana de Barcelona, policías y bomberos.
Los sindicatos policiales denunciaron esta situación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenó la medida cautelar de vacunar de forma inmediata a los policías españoles. Así, el 10 de mayo de 2021 ya se habían vacunado unos 4.506 agentes de los dos cuerpos policiales, y se finalizó pocos días después. Finalmente, en la sentencia el TSJC resolvió que la dirección de Salud no había actuado correctamente, y la Fiscalía los denunció por prevaricación.
Una larga instrucción
La investigación del caso de las vacunas se inició en el juzgado de instrucción 17 de Barcelona, cuyo magistrado elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque la exconsejera Vergés continuaba siendo aforada al ocupar el cargo de vicepresidenta primera del Parlament y diputada por ERC, hasta junio de 2024. El TSJC resolvió, en 2022, que no había indicios contra Vergés, y el caso volvió al juzgado. Vergés, sin embargo, volvió a ser investigada cuando Argimon (que durante la pandemia era el secretario de Salud Pública y luego sucedió a Vergés como consejero de Salud) y la secretaria de Salud Pública, CarmenCabezas, aportaron al juzgado unos mensajes de WhatsApp, que confirmaban que se la informaba de todo.
Por ello, a pesar de ser aforada, en enero de 2024, Vergés declaró como investigada en el juzgado y aseguró que, además de los problemas de suministro de vacunas contra el coronavirus, se decidió proteger primero a la población de mayor riesgo, y que al final, “fue un éxito colectivo”. En su auto, el magistrado instructor decía que la decisión del Departamento de Salud de frenar la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en marzo de 2021 fue “arbitraria, ilegal, injusta y claramente discriminatoria” y tomada por los altos cargos de la consejería. La decisión puso “en grave riesgo la salud y la vida” de miles de funcionarios policiales.
Según los mensajes mencionados, una miembro del gabinete de la consejera dijo a Cabezas, entonces subdirectora general de Promoción de la Salud: “La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”; “Carmen, hablado con HC y SC, no ven ni GC ni PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65” y “Otra vez la consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar”.
También se aportó un mensaje que Cabezas envió el 23 de marzo a la jefa de gabinete de Vergés: “Yo creo que tenemos que hacerlo a todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CCAA y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos”.
La defensa de Argimon especifica que no participó en las reuniones de los días 22 y 24 de marzo del Consejo de Dirección de Salud, que era el órgano para decidir sobre la administración de vacunas siguiendo la estrategia acordada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Precisamente, Argimon presentó mensajes de la entonces consejera en los que aseguraba que durante la reunión del Consejo Interterritorial “todos quieren acabar con los grupos esenciales” en referencia a la reanudación de la vacunación con Astrazeneca a partir del grupo de edad de 55 a 65. Argimon le respondió: “Nosotros compaginaremos, lo hemos hecho siempre”. Lo mismo le dijo Argimon a Ramentol.
En el escrito en el juzgado, tanto Argimon como Cabezas aseguraban que eran partidarios de compaginar la vacunación por criterio de edad y colectivos esenciales, entre los que se encontraban los cuerpos de seguridad, tanto Mossos d’Esquadra como policías locales así como agentes de Guardia Civil y Policía Nacional destinados en Cataluña, junto con otros colectivos como sanitarios, bomberos y servicios de protección civil.
