Cambio total. De la atención a la prevención y protección. El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha decidido suprimir la polémica Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y crear una nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia. El próximo 3 de junio el Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobará la nueva estructura de la consejería de Mónica Martínez Bravo.
Martínez Bravo ha desvinculado los cambios en los últimos acontecimientos en torno a la investigación como, por ejemplo, la detención de un grupo de pederastas que prostituían a una menor tutelada. “No es una reacción sino que es un trabajo de meses que hemos acelerado estas últimas semanas”, ha dicho la consejera, que ha reconocido el trabajo previo del Gobierno de Pere Aragonès con el conseller Carles Campuzano, pero ha matizado que aquel plan de mejora de 2023 quedó en un cajón…
Así, desde Derechos Sociales se ha constatado que el sistema no se ha dimensionado en los últimos años siguiendo la evolución de la población, no tenía en cuenta las redes sociales, sólo estaba centrado en la atención residencial, los sistemas tecnológicos que usaba estaban obsoletos y hay una falta de cooordinación con los centros y los territorios a la vez que no hay una planificación estratégica.
Mirando al futuro, Martínez Bravo ha anunciado que el Consejo Ejecutivo del 3 de junio aprobará la nueva estructura del Departamento de Derechos Sociales, con la supresión de la DGAIA y la creación de la DGPPIA. El director general será Josep Muñoz, quien ya es el director general de la DGAIAy la subdirectora general será Ester Vallbona.
Uno de los cambios estratégicos es que se crean dos subdirecciones generales, la de prevención y atención y la de protección. Además, en la nueva dirección general habrá una oficina de control de gestión, una unidad de seguimiento de incidencias y el Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción (ICAA) también formará parte.
En el nuevo modelo, las prestaciones económicas pasan a depender de la Dirección General de Prestaciones Sociales, a la vez que se traspasa la contratación a la Dirección General de Provisión de Servicios.
Además, se contratarán 300 nuevos profesionales, de los cuales 243 serán profesionales en los equipos locales. En cuanto a las redes sociales, la nueva dirección general tendrá la colaboración de los Mossos d’Esquadra para detectar depredadores sexuales en las redes sociales, por lo que también se utilizará la inteligencia articial. Asimismo, con el ICAA se trabajará en aumentar el número de familias acogedoras. «El internamiento en centros en un fracaso y debe ser el último recurso», ha afirmado la consejera.
En cuanto a la calidad en la atención, Martínez Bravo ha señalado los cuatro puntos cruciales de esta reforma: un plan de acción para la mejora de la calidad residencial haciendo una revisión del modelo; la equiparación salarial y la mejora de las condiciones laborales; dotar de recursos específicos por transtornos de conducta; un impulso a las trayectorias de los jóvenes extutelados dando más recursos educativos de acuerdo con el Departamento de Educación y, finalmente, reforzar los equipos de atención a las urgencias y de seguimiento de casos.
Reforma necesaria
La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, la Plataforma de Infancia de Cataluña (PINCat) y la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña han coincidido en calificar de “necesaria y ambiciosa” la reorganización anunciada por la consejera.
A pesar de todo, consideran que habría que reforzar con más recursos económicos el resto del Departamento para hacer frente a todos estos cambios significativos, en especial a la nueva dirección general que se creará la próxima semana.
Los educadores, a favor
Por su parte, los educadores sociales de la DGAIA reclaman poder participar en la toma de decisiones y en la reestructuración que se haga. Así, el Colectivo de Educadoras de Centros propios advierte de que siguen faltando recursos, si bien celebra el enfoque en la prevención que ha anunciado el Departamento.
En este sentido, el miembro del colectivo, Rubén Mora, considera que “inyectar dinero es bueno”, pero recuerda que hay unas “carencias endémicas” que tiene el sistema como las sobreocupaciones de algunos centros o la “falta flagrante” de recursos terapéuticos, de recursos de salud mental y de centros de contención.
Críticas de Junts
En cuanto a las reacciones políticas, la diputada de Junts en el Parlament Ennatu Domingo ha instado al Gobierno catalán a actuar con “máximo consenso” y a implementar los cambios en la DGAIA de acuerdo con todos los actores implicados para que haya una “transformación real del sistema”. Según Domingo, es necesario que el Gobierno empiece negociando con los grupos parlamentarios y ha reiterado la necesidad de hacer una comisión de investigación en la cámara catalana.
Ir hasta el final
Por su parte, la secretaria general de ERC, Ciurana Alamany, ha insistido en que “hay que ir hasta el final” con lo que ha pasado en la DGAIA, y ha instado al Gobierno a “poner soluciones”. “Hay que solucionar lo que se haya hecho mal para que no vuelva a pasar”, ha reiterado Alamany.
Dar voz a los trabajadores
Desde los Comunes, Aina Vidal, ha apoyado la reforma y ha reclamado al Gobierno que dé voz a los trabajadores y entidades que saben cómo construir un sistema de trabajo “completamente diferente” al actual. En coincidencia con las otras formaciones, Vidal ha expresado la necesidad de conocer todo lo que ha pasado y ha asegurado que “no puede haber impunidad ante el abuso”.
Comisión parlamentaria
El Parlamento tendrá una comisión de investigación sobre los hechos ocurridos en la Contraloría. Los tres partidos de izquierdas, PSC, ERC y Comunes, pidieron hacer una, mientras que Junts también lo solicitó. Desde 2010, los consejeros responsables han sido de lo que ahora es Junts o bien de Esquerra Republicana.
