Familias migrantes han denunciado que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) les ha quitado la tutela de los hijos “por no tener papeles y por ser pobres”. Lo han explicado en el marco de una asamblea de afectados que se ha celebrado este sábado en Barcelona y que han impulsado entidades como Papers i Drets per a Tots y el Sindicat de Treballadores de la Llar. Norma Falconi, una de las portavoces de estos colectivos, ha asegurado que hace años que luchan sin éxito para que los pequeños vuelvan a casa: “Queremos elaborar una estrategia para hacer oír nuestra voz y que se nos escuche”, ha indicado Falconi que ha dicho que la preocupación se ha agravado tras el caso de agresión sexual que ha afectado a una menor tutelada.
En una asamblea a puerta cerrada que se ha celebrado en el Centro de Cultura de las Mujeres Francesca Bonnemaison de Barcelona, las familias han intercambiado sus experiencias con el objetivo de poder diseñar una estrategia conjunta que les permita avanzar. “Solo queremos que nuestros hijos puedan vivir con su familia y tener el afecto que cualquier niño o niña necesita”, ha asegurado Falconi.
Ha explicado que las informaciones que han aparecido en los medios de comunicación en las últimas semanas han hecho saltar todas las alarmas entre el colectivo. En este sentido, ha expresado su preocupación por el riesgo de fugas de los centros y por el caso de la pequeña de 12 años que sufrió agresiones sexuales cuando estaba bajo la tutela de la DGAIA. “No queremos este final para nuestros hijos”, ha manifestado la portavoz de las familias que ha pedido mayor control: “A nosotros nos parece que poner a una niña de 12 años con un hombre de más de 50 y que ha resultado ser pedófilo demuestra que no hay demasiado orden”, ha indicado.
Ha recordado que en el año 2023 el Síndic de Greuges hizo público el informe ‘La desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia’ en el que pidió un apoyo más intensivo a las familias en riesgo para reducir la institucionalización de los niños. “Ningún menor está en ningún sitio mejor que con su familia, por muy pobre que esta sea”, ha advertido Falconi, que ha acusado a la DGAIA de “vulnerar los derechos humanos”.
