Las deportaciones y expulsiones de inmigrantes en situación irregular son prácticas contrarias a los derechos fundamentales e ineficientes en la consecución de objetivos, según un estudio de las lógicas que legitiman las políticas sobre el fenómeno migratorio, enmarcado en el proyecto académico Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy (MORE).
Este trabajo, coordinado por la profesora de la Universidad de Barcelona Olga Jubany, es fruto de una investigación conjunta desde Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Italia, Suecia y el Reino Unido, a partir de las entrevistas a responsables de diseñar las políticas y a profesionales que las aplican, como jueces, trabajadores de centros de detención, policías y agentes de fronteras.
Los expertos consideran que las medidas restrictivas no sólo no responden a la situación de irregularidad, sino que la llegan a agravar. La profesora Olga Jubany concreta a EL TRIANGLE que el temor a la detención y la deportación puede frenar tanto la interposición de denuncias de explotación –de manera que se generan más irregularidades– como la inscripción en el padrón, obstaculizando de esta manera la vía para mejorar la situación administrativa del migrante.
Al mismo tiempo, el retorno forzado resulta ser una medida costosa en tiempo, esfuerzo y dinero, pero sin beneficios evidentes. Además, es ineficiente en términos estratégicos, como refleja la diferencia entre las órdenes de detención incoadas y las ejecutadas, causada por el desconocimiento del país de origen, la ausencia de pasaporte o la falta de acuerdos bilaterales, señala Jubany entre otros motivos.
Por otro lado, se infrautilizan medidas alternativas de carácter preventivo, como la retirada del pasaporte en lugar de la detención, la obligación de no cambiar de domicilio o de residir en un lugar concreto, el uso de dispositivos de vigilancia como pulseras electrónicas, y las comparecencias periódicas ante las autoridades.
Estos expertos alertan de la precariedad, la inseguridad y la victimización provocadas por la aplicación de una lógica punitiva como la deportación, considerada una medida excepcional. La criminalidad es su concepto clave. Por un lado, se esgrime para justificar la deportación, pero en determinadas instancias la misma estancia irregular genera antecedentes penales, según destaca la coordinadora del estudio. Por otro lado, se puede dar lugar a una doble penalización cuando se sustituye una pena por la deportación, lo que incrementa el factor punitivo de la pena en detrimento de la reinserción.
En cuanto a la detención, también considerada extraordinaria por ley, los resultados del proyecto MORE apuntan a que se utiliza a menudo sin suficiente justificación y dejando de lado alternativas. El estudio concluye que el internamiento, con los efectos negativos que conlleva, no está justificado como medida preventiva, y que las medidas punitivas no abordan las causas de la migración y no generan canales seguros de acceso a procesos de regularización, ni medidas preventivas o protocolos de protección suficientes.
En cuanto a los problemas estructurales, los expertos sobre el fenómeno migratorio muestran como principal preocupación las contradicciones entre las intenciones políticas y el marco legislativo y los recursos, por un lado, y entre los intereses de diferentes políticas y estamentos, por otro. Los policías, jueces y fiscales, en concreto, ante la irregularidad y sus consecuencias, encuentran necesario optar por la regularización de migrantes presentes en el territorio.
La segunda parte del estudio etnográfico se terminará previsiblemente en octubre, pero los análisis preliminares, según adelanta Jubany, apuntan a consecuencias como miedo a salir al espacio público, explotación laboral, dificultades para acceder a una vivienda digna, condiciones de indigencia por falta de acceso a los derechos, y pérdida del potencial para aportar a la sociedad, que generan frustración y un malestar compartido con el resto de la sociedad.
De momento, la primera parte ya se ha presentado al Parlamento Europeo, “un hecho poco habitual”, destaca la coordinadora del estudio, que confía en poder presentarla también a la dirección general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea y a nivel estatal, para que las conclusiones puedan influir en la toma de decisiones y promover un replanteamiento del diseño de las políticas sobre el fenómeno migratorio.
