La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) se está revelando como una auténtica fábrica de los horrores por las tétricas historias que hace años que tienen lugar en su interior sin que la administración haya aplicado medidas y soluciones a la situación de los menores que acoge esta institución. El polémico organismo que atiende a los menores y jóvenes tutelados por la Generalitat está siendo investigado por cuatro instancias diferentes: Mossos d’Esquadra, Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), síndico de greuges y Sindicatura de Cuentas.
La oscura historia de terror nunca vista en Cataluña que brota de la DGAIA tiene dos vertientes: una que emana del trato que se da a los menores acogidos y el control ejercido sobre ellos; el otro se refiere a una red de un centenar de entidades a las que se otorgan los suculentos contratos de servicios, que entre 2016 y 2020 representaron un gasto público de más de 788 millones de euros para atender a 41.246 menores, ya que este es el número de expedientes de acogida abiertos durante el periodo. Además, algunas de las entidades colaboradoras a las que fue este dinero están vinculadas a ex altos cargos políticos.
La historia de la situación de los menores es la más sórdida. Su clímax llegó con el descubrimiento de que un electricista de 45 años, Teófilo Lapeña, a quien ya se conoce como el Pelicot catalán (en alusión al degenerado francés Dominique Pelicot, que ofrecía a su mujer drogada a los amigos), prostituía a una menor de 12 años entre una treintena de pedófilos. El número de menores que cayeron en sus manos, y que estaban tutelados por la ACTIC, podría llegar a unos 25 jóvenes.
El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión anunció el 14 de mayo que la consejera Mónica Martínez Bravocomparecerá en el Parlamento para explicar los mecanismos de prevención, protección y atención a la infancia de la DGAIA. Pero el mal ya está hecho. El caso afloró cuando el Pelicot catalán fue denunciado en 2021, pero ha salido a la luz ahora. “Afecta a varios menores de edad y está siendo investigado por las autoridades judiciales y policiales. Una de las víctimas, una niña de 12 años, vivía en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) cuando se habrían producido las agresiones. Fue gracias a la intervención del personal educativo del centro, que detectó indicios de abusos y activó los protocolos pertinentes, que se pudo tramitar la denuncia y se pudieron llevar a cabo las detenciones”, decía un comunicado del Govern.
La historia es sórdida: el caso más grave es el de una menor de 12 años (ahora tiene 18) que fue prostituida y violada en repetidas ocasiones por el pederasta, que la ofrecía a través de la aplicación de citas Lovoo. La menor se escapaba del centro por ser carne de abusos sexuales de una red de pederastas que aún están siendo identificados.
Captada como acostumbra a pasar con los menores en las redes (con regalos, básicamente), la cosa comenzó como un intercambio de fotos y terminó como una película gore de la peor clase. Las conversaciones por Badoo, Instagram y Hangouts acabaron en Lovoo. La niña sufría, según la Fiscalía, acoso escolar y familiar y estaba tutelada por DGAIA. El descontrol en el centro donde vivía era tan grande que la menor se escapaba a menudo, lo que era aprovechado por su explotador. Tras violarla una primera vez, utilizó el nombre de la niña para ofrecerse como si fuera ella en las redes sociales a otras personas, ya que le gustaba ver “cómo otros hombres mantenían relaciones sexuales con la menor en su presencia”, según el relato de la Fiscalía.
Uno de los supuestos clientes de la red, a quien le fue ofrecida la niña por la aplicación de citas, fue quien dio la voz de alarma, mientras el personal del centro de acogida tuvo acceso al móvil de la menor y se dio cuenta de los vídeos sexuales de los que era protagonista y que revelaban los abusos sufridos.
El verano pasado, los Mossos desmantelaron la red y detuvieron al Pelicot catalán y a 15 hombres más que eran autores de las violaciones y los abusos a los menores, aunque quedan una quincena de pederastas por identificar. Los agentes encontraron más de 1.300 vídeos de relaciones sexuales con menores y más de 12.000 fotografías en el domicilio del cerebro de la red, situado en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, en los que se pixelaban los rostros de los adultos que cometían los abusos. Así, el pederasta publicaba en las redes los vídeos pornográficos que grababa de sus sesiones sin desvelar la identidad de los agresores. El material se encontraba en un ordenador, dos discos duros externos y dos memorias USB. Las investigaciones han durado meses y, una vez examinado el material incautado, la Fiscalía pide para el cerebro de la trama 107 años de prisión y una indemnización de 100.000 euros.
Red clientelar
Por otro lado, las presuntas irregularidades internas en el funcionamiento de la DGAIA fueron denunciadas el 13 de junio de 2023 ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). En esta denuncia se relatan graves deficiencias del sistema de acogida y una red clientelar de entidades con afinidades políticas que se están beneficiando de las adjudicaciones oficiales del Govern.
Fruto de los documentos que se le hicieron llegar, la OAC determinó el estatus de testigo protegido para al menos un empleado de una de las entidades colaboradoras, ante la posibilidad de que la entidad pudiera tomar medidas contra él. Precisamente, la Inspección de Trabajo ya ha interpuesto sanciones por “vulneraciones graves en materia de riesgos psicosociales y deficiencias en la activación de protocolos contra el acoso laboral”.
Personal de la DGAIA ha comenzado a filtrar documentos y a prestar declaración ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que mantiene abierta una investigación sobre las irregularidades denunciadas. También se ha abierto una investigación por parte de los Mossos d’Esquadra. Las denuncias advierten de que los hechos salpican a la DGAIA, pero también a ERC y a algunas entidades subcontratadas, como la Fundación Resilis (que pertenece al grupo Plataforma Educativa) y la Fundación Mercè Terrades.
Los documentos entregados a la OAC hacen referencia a “cobros de plazas fantasma y prestaciones duplicadas que no se ajustan a la normativa; connivencia entre responsables públicos y entidades privadas en la gestión opaca de recursos públicos; incumplimiento sistemático de protocolos de seguimiento y acompañamiento de los jóvenes, lo que los desprotege y excluye socialmente, y prácticas de acoso institucional a trabajadores denunciantes”.
De la documentación que está en manos de los Mossos y la OAC se desprende que las entidades colaboradoras de la administración han falseado los datos de la situación real de jóvenes acogidos mayores de 18 años, a los que hacen aparecer como buscadores de empleo para que puedan seguir percibiendo una paga mensual pública, cuando ya tienen trabajo o incluso se han desplazado fuera de Cataluña. Además, en ocasiones no les cobran el alquiler de los pisos compartidos, por lo que el sistema se convierte en una especie de bendición para algunos y en una “cárcel” para otros, que tienen que vivir con poco más de 700 euros mensuales pagando el alquiler de la vivienda.
Paralelamente, el informe 3/2024 de la Sindicatura de Cuentas desveló hace más de un año un cúmulo de irregularidades en la DGAIA, durante los años 2016 a 2020. Sólo en 2017 el gasto superó en 86,6 millones de euros lo que se había presupuestado. Así lo reconoció en 2017 la entonces consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, y se confirmó una nueva relación de prórrogas de convenios y contratos que afectaban a 153 expedientes. Pero aunque emitió una resolución para justificar jurídicamente el déficit, la Sindicatura considera que “la resolución de la consejera sobrepasa el concepto de concreción u omisión que permitía el acuerdo del Govern”.
También se detectaron contrataciones por vía de emergencia que no estaban justificadas. En 2018, se prorrogaron 181 contratos correspondientes a servicios de ejercicios anteriores, pero en 112 de ellos no se firmó ningún documento de prórroga, explica el informe. Además, se detectaron errores a la hora de identificar a los jóvenes acogidos en los centros “por incorrecciones en la introducción de los datos, lo que dificulta el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales”, dice el informe de la Sindicatura.
Pese a que el informe de la Sindicatura es de primeros de 2024, nadie ha hecho caso y el Parlament dio carpetazo. Hasta marzo de 2025 no hubo cambios en la DGAIA: cuando ya todas las alarmas habían saltado, la consejera destituyó a la directora general de la ACTIC, Isabel Carrasco, y al subdirector, Joan Mayoral. Carrasco, una veterana de la casa, tomó posesión el año pasado y es la cabeza de turco de una situación insostenible. Los verdaderos arquitectos de la trama invisible clientelar que se esconde bajo los cimientos de la DGAIA son los que han estado controlando el organismo durante la última década, es decir, cargos políticos.
La Sindicatura de Cuentas está investigando ahora la situación durante el año 2022, que puede detectar incluso más irregularidades que las encontradas en el periodo 2016-20.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisado de que el Govern llegará hasta el final en la investigación a la DGAIA “caiga quien caiga y salga lo que salga”. Así lo ha dicho durante la sesión de control en el Parlament del miércoles, después de que varios grupos parlamentarios le hayan reclamado explicaciones. El presidente ha recordado que tanto las supuestas irregularidades como los abusos a una menor se produjeron cuando el PSC todavía no gobernaba pero ha asegurado que no tiene “interés” en “mirar atrás y señalar a nadie”.
*Puedes leer el artículo entero en el número 1622 de la edición en papel de EL TRIANGLE.
