Joan Laporta, personaje experto en enmarañar la realidad hasta hacerla muchas veces incomprensible, está dejando caer ahora, tras cerrar la temporada con tres títulos nacionales, que su intención es la de no ser ventajista y ceñirse al calendario electoral estatutario según el cual, al final del actual mandato de seis temporadas, las urnas deberían volver a abrirse en el segundo trimestre de 2026.
Analizando los enormes riesgos que supone para Laporta este escenario, por la acumulación de las fundadas catástrofes financieras que se acercan y que ya lo amenazan hoy -al margen de las que pueda provocar con su habitual negligencia a lo largo de todo un año- parece lógico suponer que se da una circunstancia no contemplada hace pocos días cuando su plan era aprovechar el momento para forzar las elecciones., sobre todo porque al tomar posesión a partir del 1 de julio próximo los estatutos le regalarían un año y su segundo mandato se extendería hasta 2030 igualmente.
La propia junta de Laporta no acaba de entender el motivo por el que el presidente está enfriando la oportunidad de cerrar el asunto electoral ahora, sin oposición ni nadie capaz de reunir los avales necesarios para presentarse.
La razón que le remueve la estrategia, porque eso de no querer aprovechar una ocasión tan clara de gol no se lo cree ni él mismo, quizá radica en un cabo suelto de esos que Laporta deja al azar y al devenir del tiempo, una consecuencia más propia de su adicción a la improvisación y al pasotismo, en este caso derivada de la Ley del Deporte (39/2022, de 30 de diciembre) que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2023 eximiendo a las juntas directivas del FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club y Osasuna de la presentación de un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto de gasto del club. Con la nueva ley, desapareció la obligatoriedad del aval, pasando a ser una cuestión regulada en los estatutos internos de cada club.
Al respecto, Laporta prometió incluir una reforma estatutaria que fijara los nuevos términos propios de los avales, o no, aprovechando que la ley permite su autogestión. Hoy en día, los estatutos del FC Barcelona se siguen remitiendo a la norma anterior del 15% aunque la junta de Laporta se acogió al texto de la nueva ley para dejar de considerarlo una obligación. ¿Es así?
Seguramente habría quien lo discutiría, no habiendo cambiado ni aclarado los estatutos en estos más de dos años de margen. Pero, esto no es, en sí mismo, lo más importante. Lo es que la ley no elimina la responsabilidad, en ningún caso, que le corresponde a la junta directiva presentar al final del mandato unas cuentas que, cuando menos, mantengan el club, el Barça en este caso, en la misma ratio de fondos propios, es decir, que no se produzca una merma patrimonial. Para este supuesto, la ley preveía el aval como una medida intimidatoria y, en el caso extremo, una forma de que el club recuperara esta pérdida.
El supuesto de la situación de Laporta ante LaLiga en un teatro electoral inminente presentaría una anomalía destacada, un descenso importante de los fondos propios que, inevitablemente, habría que calcular tomando como referencia la memoria de la temporada anterior a su llegada, la 2019-20, con un patrimonio neto favorable de 30,8 millones, ante los últimos parámetros auditados de la temporada 2023-24, de 94,3 millones negativos. Esto es, un diferencial de 125,1 millones que la directiva de Laporta estaría obligada a reponer en el caso de que los socios aprobaran una acción de responsabilidad si se dieran al final del mandato.
Lo que pasa ahora, en el intermedio que supondrían unas elecciones, es que LaLiga, por considerarla una candidatura continuista y correctamente apta para seguir al frente del club, debería estar al día en este aspecto, bien con las cuentas ajustadas mediante algún movimiento económico de urgencia o bien en forma de aval, que es la solución de LaLiga para cualquiera de estos desequilibrios.
No sería la primera vez, ya que durante la temporada 2022-23, la directiva tuvo que avalar sumas importantes, como los 10 millones para poder inscribir jugadores y cumplir con las exigencias de LaLiga, también para inscribir a Jules Koundé y más tarde se repitió la estrategia para la inscripción de Ilkay Gündogan y otros refuerzos como los ‘Joaos’, debido a la ausencia de ingresos previstos por el impago de Libero a la operación de Barça Studios.
Un saldo negativo que en cualquier momento podría aumentar si el auditor de turno no se deja engañar con nuevos trucos de Laporta sobre los 208 millones pendientes de restar de la contabilidad por el valor cero de Barça Vision.
Parece que este es un terreno escabroso y complicado de afrontar ante LaLiga en aplicación de los criterios del control financiero de los clubes y del equilibrio azulgrana. Entrar, por más que la oposición haya desaparecido del mapa, volvería a demostrar que Laporta es el peor enemigo de sí mismo y del Barça. Y esta misma realidad, salvo cambios espectaculares en la cuenta de resultados, reaparecerá el próximo año cuando las elecciones sean obligadas a menos que Laporta le pida a Javier Tebas otro de esos favores clave en su presidencia y que, si al final decide adelantarlas, mire hacia otro lado si no hay ninguna denuncia de por medio. Con Laporta cualquier cosa, o fraude, es posible, ya que Tebas ya le permitió presentar avales ilegales para poder ser presidente el 17 de marzo de 2021.
