La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) investiga posibles irregularidades en la concesión y el seguimiento de prestaciones que la Generalitat de Catalunya da a jóvenes extutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Según ha avanzado La Vanguardia este jueves, Antifraude tiene la lupa sobre dos entidades a través de las cuales se conceden estas ayudas: la FundaciónResilis y la UTE Fundación Mercè Terrades-Fundación Resilis.
Los hechos que se investigan podrían suponer «un perjuicio para la hacienda pública», según la denuncia de un educador social que asegura que este «perjuicio» se habría ignorado «de forma reiterada y sistemática, tanto por parte de la DGAIA como de la Fundación Mercè Terrades-Fundación Resilis. Según el denunciante, hay jóvenes que reciben prestaciones sociales aunque ya no deberían recibirlas, como es el caso de un extutelado por la DGAIA que cobraba prestación de Cataluña, al constar como residente aquí, pero que trabajaba en Valencia.
«Es la fórmula perfecta. Los chicos no dicen nada, porque cobran doblemente, y la empresa que lo gestiona ingresa por esta plaza. Los que lo hacen posible están tranquilos porque saben que los beneficiarios no hablarán», recoge el diario citado, que señala que, lo que no explican a los jóvenes es que después tendrán que enfrentarse a Hacienda, que detecta que tienen ingresos de diversas fuentes. “Se encuentran con 21 años, con una deuda con Hacienda y sin recursos. Y eso la DGAIA lo sabía. . Al final, es una negligencia y todo un despropósito», explican fuentes conocedoras al citado medio.
El educador social que ha propiciado la investigación de Antifraude habría recibido amenazas de muerte y denunció los hechos en 2024 ante la propia DGAIA y el Síndic de Greuges, entre otras instituciones. Sin embargo, no detectó «ninguna irregularidad», de manera que el trabajador grabó durante cinco meses varias conversaciones en las que registró confesiones de compañeros de trabajo y de su coordinadora admitiendo la malversación de fondos.
A raíz de los movimientos del denunciante, otros trabajadores testificaron sobre otras supuestas conductas irregulares. Antifraude, además, ha decidido trasladar una copia de la denuncia a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, la cual está investigando las prestaciones económicas administradas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en 2022.
Martínez Bravo admite que la DGAIA «necesita una transformación profunda»
La consejera de Derechos Sociales del gobierno catalán, MònicaMartínezBravo, ha expresado este jueves su «rotundo rechazo» por el caso de la menor tutelada por la menor víctima de una trama de prostitución y pederastia. Según ha dicho, se trata de unos hechos «desgarradores e inaceptables que necesitan una respuesta contundente», por lo que ha anunciado que se revisarán «todos los protocolos».
Martínez Bravo ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación popular cuando llegue el juicio, y ha prometido la «máxima transparencia en este caso». En este sentido, ha recordado que se ha abierto un expediente informativo para «llegar hasta el final» del caso, y también que ha pedido comparecer en el Parlament para dar explicaciones.
Por otro lado, la consejera ha reconocido que la DGAIA «necesita una transformación profunda» y ha insistido en que hay que «reforzar el sistema de protección a la infancia y de prevención para que casos como este no vuelvan a pasar nunca más». Además, ha anunciado que próximamente se presentará un plan de transformación integral para abordar las problemáticas y las mejoras que necesita la DGAIA.
Martínez Bravo también se ha referido al cuestionamiento de la acción de la DGAIA en temas de contratación entre 2016 y 2020, y ha recordado que el departamento ha pedido una auditoría completa para identificar «todas las acciones correctivas necesarias». En este periodo, estaban al frente de Derechos Sociales Neus Munté, de Junts (2012-2016); DolorsBassa, de ERC (2016-2017) y Chakir El Homrani, también de ERC (2018-2021).
Junts impulsará una comisión de investigación
El grupo de Junts en el Parlamento de Cataluña ha anunciado que impulsará una comisiónde investigación en la cámara catalana por la «crisis» en el Departamento de Derechos Sociales en la gestión de la DGAIA. El partido que preside CarlesPuigdemont considera que esta crisis «se agrava tras saber que una menor tutelada fue violada por pederastas».
Según explican en un comunicado, quieren «llegar hasta el final de la cuestión», teniendo en cuenta que este organismo también está bajo la lupa de la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas por las «anomalías» en la contratación y las subvenciones. En declaraciones a la ACN, la portavoz del grupo parlamentario, MónicaSales, ha dicho que con la comisión quieren «poner luz a todo el tema de la DGAIA» y saber «qué ha pasado» dentro de la cúpula que fue destituida en marzo.
Salas ha justificado la petición afirmando que «las noticias que salen – sobre la DGAIA– no son positivas», y ha insistido en que quieren llegar «hasta el final». La portavoz ha indicado que el caso de la niña de 12 años custodiada por la DGAIA víctima de agresiones y explotación sexual es de «máxima relevancia». «Queremos que la consejera dé explicaciones en sede parlamentaria y también todas las personas que tienen implicación», ha añadido.
PSC, ERC y Comunes crearán una comisión de investigación
Los grupos parlamentarios de PSC, ERC y Comunes han pactado la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en el periodo comprendido entre el año 2011 hasta este año. Los tres grupos han registrado una propuesta de resolución conjunta.
El síndic de greuges pidió poner el foco en la fuga de menores
Una resolución de la Sindicatura de Greuges del mes de marzo de 2024 ya pedía a la DGAIA que pusiera el foco en la fuga de los menores tutelados de los centros. El documento, al que ha tenido acceso la ACN, es la respuesta a una queja presentada por el Colectivo de Educadores y Educadoras de Cataluña que alertaba de que esta era una problemática extendida por todo el territorio.
En esta resolución, el síndic de greuges alertó de que las fugas representan «uno de los principales factores de riesgo de sufrir situaciones de explotación sexual y violencia, siendo mayormente expuestas las chicas». Por ello, aconsejó abordar la problemática también desde una perspectiva de género y propuso mejorar la comunicación con los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA), escuchar más a los niños e implicarlos en la toma de decisiones.
Al mismo tiempo, consideró que la ACTIC debía poner el foco en reducir este tipo de episodios, y apuntó que para reducir las huidas de los centros era esencial promover la integración efectiva y el desarrollo del menor en la sociedad, así como minimizar los riesgos de cualquier cambio de situación material o emocional.
En este sentido, el síndic valoró que había que incidir en hacer un seguimiento adecuado de posibles conductas de riesgo y sugirió implementar un modelo de intervención terapéutica que asegurara que los equipos socioeducativos de los centros recibieran asesoramiento clínico, sesiones multidisciplinares periódicas, y trabajaran en coordinación con el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ).
En esta misma línea, pidió que la DGAIA emprendiera un proceso de análisis de los casos de fugas con indicadores medibles para poder disponer de datos analizables que ayudaran a entender las causas y a planificar medidas para prevenirlos.
En respuesta al toque de atención de la Sindicatura de Greuges, la FGSHSCSP admitió que estaba preocupada por la problemática de los escaparates de los chicos y chicas de los centros de protección «por las situaciones de riesgo que muy a menudo no se pueden abordar por la actitud refractaria de éstos al tratamiento y a la medida de protección que se les propone».
