La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado convocar una vista pública para el próximo 29 de mayo para que el ejecutivo español informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar que le impuso para que garantizara en un plazo de 10 días el acceso de cerca de 1.000 menores no acompañados que hayan pedido protección internacional al Sistema Nacional de Acogida. El Supremo cree que el ejecutivo no ha cumplido el requerimiento, y quiere que aporte una relación detallada de la situación.
Concretamente, el alto tribunal quiere conocer los menores que han sido evaluados para la acogida, los que están pendientes de evaluación, así como los plazos y un calendario para adoptar la medida. El Supremo actúa a petición de las Islas Canarias, que el pasado mes de enero llevó la cuestión a los tribunales y que también estará presente en la vista pública.
En su auto del 25 de marzo, la sala concluyó que las competencias correspondían al Estado, y no a Canarias, y ordenó al ejecutivo que se hiciera cargo de los menores que actualmente se encuentran en los servicios de protección de menores de Canarias y que hayan pedido protección internacional o hayan mostrado su voluntad de hacerlo.
El ejecutivo impugnó la decisión, pero finalmente retiró el recurso y se comprometió a estudiar «caso por caso». Hoy por hoy, según el Supremo, la respuesta que ha dado el gobierno español a través de la Abogacía del Estado «parece poner de manifiesto que no se ha cumplido» la orden anterior.
