El Ministerio de Consumo ha presentado dos enmiendas a la ley de servicios de atención al cliente para hacer que las llamadas comerciales se tengan que identificar con un prefijo y poder bloquear las que no lo hagan, consideradas spam (contenido basura).
Se trata de propuestas registradas en el Congreso de los Diputados tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE, que también prevé señalar con un número propio las llamadas de atención al cliente.
Con este sistema, se permitirá impedir comunicarse con potenciales clientes a las empresas que no utilicen los códigos establecidos. Por otro lado, se ha impulsado una enmienda para declarar nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas por el usuario.
«De esta manera, se pretende desincentivar a las empresas a hacer llamadas no deseadas, ya que los contratos conseguidos mediante este tipo de comunicaciones quedarán anulados», argumenta el Gobierno de España.
Con esta iniciativa, Consumo quiere responder al volumen de quejas por parte de la ciudadanía y a los testimonios de consumidores que denuncian sentirse «presionadas o confundidas» por estas llamadas.
El ministerio que dirige Pablo Bustinduy también pretende proteger el derecho del consumidor a decidir con libertad e información suficiente. Además, el titular de Consumo ha detallado este martes que se obligará a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento con el usuario para recibir llamadas comerciales, asegurando así que las empresas no se amparen en autorizaciones indefinidas o ambiguas para seguir contactando con los usuarios.
