El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que introduce cambios respecto a la figura del fiscal general del Estado, que tendrá un mandato de cinco años para que no coincida con la legislatura ni cese cuando caiga el gobierno que lo ha propuesto, y que no podrá recibir instrucciones por parte del ejecutivo. De hecho, según el texto, las comunicaciones entre el gobierno español y la Fiscalía General deberán hacerse por escrito y ser públicas.
La reforma establece que el fiscal general sólo podrá ser cesado en caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros. Además, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al fiscal general, y no al gobierno español como hasta ahora. También refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general si dispone del apoyo de al menos 3/5 partes de sus miembros.
El texto establece que las asociaciones de fiscales no podrán recibir financiación probada ni de gobiernos u organismos extranjeros, y la creación de un organismo público de los fiscales encargados de preparar opositores, que además necesitarán autorización de la Fiscalía General para hacerlo. La reforma también modifica el sistema de funcionamiento de la justicia y deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales, mientras que los jueces actuarán como garantes de los derechos durante el proceso.
En sus nuevas tareas de dirigir la investigación, el ministerio público pasará a dirigir la Policía Judicial en sus funciones. El fiscal jefe será responsable de nombrar al fiscal o fiscales encargados de la investigación de cada caso. Además, la modificación impedirá que el gobierno español o las comunidades autónomas pidan a la Fiscalía que abra o impulse cualquier investigación concreta. La petición quedará exclusivamente en manos del presidente español, y el fiscal general deberá someterla a la Junta de Fiscales de Sala, que adoptará una decisión y la recogerá en una resolución razonada.
La reforma también introduce limitaciones para el acceso al cargo de fiscal general, de manera que no podrán llegar al cargo personas que hayan sido ministros, secretarios de Estado, diputados o senadores en los cinco años anteriores, y regula las causas objetivas de cese del Fiscal General como la incapacidad, incompatibilidades o incumplimiento grave de la función.
Entrada en vigor en 2028
En caso de tirar adelante en el Congreso, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros entrará en vigor en enero de 2028, según ha detallado en rueda de prensa el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. El ministro ha remarcado que la iniciativa afectará al responsable del ministerio público que designe el ejecutivo que surja de las elecciones generales previstas para 2027, que «en ningún caso» será el actual, Álvaro García Ortiz, que ya ha cumplido el límite de dos mandatos.
Para Bolaños, la propuesta diseñada por el ejecutivo de Pedro Sánchez está pensada «para las próximas décadas» de manera que debería recibir el aval del PP y de todos los grupos del Congreso. «Sin embargo, no soy optimista», ha reconocido el ministro, añadiendo: «Soy realista, no veo fácil que sea un diálogo productivo con el PP».
«Con esta reforma, el Gobierno da respuesta, además, a las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) para reforzar la autonomía y la independencia del Ministerio Fiscal», destacan desde el Ministerio de la Presidencia.
La Fiscalía quiere autonomía presupuestaria
La Fiscalía ha considerado que la propuesta de reforma de la EOMF es positiva porque consolida su independencia, pero ha lamentado que no aborde la financiación. «Esperamos que entre en vigor lo antes posible, porque algunas de las medidas propuestas son muy necesarias hoy en día», han apuntado fuentes del Ministerio Público.No obstante, han lamentado que en el anteproyecto presentado por el departamento de Félix Bolaños no exista ninguna referencia a la autonomía presupuestaria.
