La Guardia Urbana de Barcelona, con el apoyo de los Mossos d’Esquadra, han llevado a cabo este jueves un dispositivo para desalojar el asentamiento de barracas de Vallcarca. Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, la decisión se ha tomado tras el incendio que afectó al espacio la madrugada del martes al miércoles, en el que una persona resultó herida, ya que los Bomberos de Barcelona realizaron una inspección y constataron que existe un «riesgo inminente para la seguridad de las personas».
Además de los agentes de la Guardia Urbana y de los efectivos de las unidades ARRO y BRIMO de los Mossos, se han trasladado hasta el lugar de los hechos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y se ha activado personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUES). Además, hay una cincuentena de manifestantes concentrados ante el asentamiento que protestan por el desalojo, a los que la Guardia Urbana ha encapsulado con el fin de llevarlo a cabo.
Con el pretexto de abrir un espacio para que pudiera circular una ambulancia en caso de que fuera necesario, los antidisturbios de la Guardia Urbana han empezado a presionar a los manifestantes y los han ido encapsulando hasta apartarlos de la entrada al asentamiento, con algunos momentos de tensión y empujones.
La inspección de Bomberos de Barcelona que ha motivado el desahucio y que se hizo a raíz del incendio mencionado llegó después de que, en tres ocasiones anteriores, los servicios técnicos y de protección municipales se desplazaran al espacio para inspeccionarlo y se les impidiera la entrada. El último de estos intentos se hizo con autorización judicial.
Los responsables municipales han recordado que el pasado mes de marzo, con la información disponible a partir de la observación desde el exterior y de los servicios municipales, el consistorio barcelonés inició el procedimiento administrativo para desalojar el espacio. Concretamente, se incoaron cuatro expedientes: uno por el solar con barracas ubicado bajo el viaducto, y tres por fincas de titularidad municipal ocupadas. El Ayuntamiento afirmó que en todos los casos se habían detectado situaciones «de infravivienda» y que los espacios presentaban «riesgos para la seguridad» de la treintena de personas que pernoctaban en ellos, seis de ellas menores.
Críticas de las entidades sociales
La entidad vecinal Som Barri ha criticado al consistorio por dejar a las personas que viven en el asentamiento «en la calle» y sin alternativa habitacional, y ha lamentado la falta de interlocución del gobierno local pese al intento de la entidad por intentar establecer un canal de diálogo a través del síndic de greuges de Barcelona.
José González, miembro de Som Barri, ha asegurado que es «mentira» que los Servicios Sociales municipales hayan ofrecido asistencia y estén haciendo seguimiento de los afectados, y ha indicado que «como mucho les dan una o dos noches en una pensión, pero nada más». Por otro lado, González ha señalado que, con esta intervención, también se está generando un «problema laboral» porque muchas personas que se dedican al reciclaje de chatarra utilizan este solar para clasificar el material.
En este sentido, el miembro de la entidad ha explicado que este espacio no solo era el hogar de estos ciudadanos, sino también «el puesto de trabajo» de más de 200 personas que recogen chatarra, de manera que estas personas «dependen económicamente de este solar». Sin embargo, actualmente había pocas personas viviendo en el asentamiento, ya que «este proceso lleva más de dos años y ya estaban enteradas».
