Se estrecha el círculo judicial contra Alvise Pérez. El juez del Tribunal Supremo (TS) Javier Hernández ha iniciado los trámites para pedir al Parlamento Europeo autorización para proceder contra el eurodiputado Alvise Pérez para difundir una prueba falsa de Covid de Salvador Illa durante la pandemia cuando el actual presidente de la Generalitat era ministra de Sanidad.
El instructor ha acordado incoar diligencias previas para la investigación de los delitos de falsedad e injurias cometidos presuntamente por parte del eurodiputado. El magistrado señala que Pérez es diputado del Parlamento Europeo, motivo por el que debe solicitar la correspondiente autorización para proceder a su material inculpación.
Sin embargo, y tal y como prevé la ley de enjuiciamiento criminal, el magistrado ofrece al eurodiputado comparecer voluntariamente ante el Supremo.
En concreto, dispone que se requiera a Alvise Pérez para que, en el plazo de cinco días, manifieste si, de manera voluntaria y antes de que la cámara europea conceda el permiso solicitado, está dispuesto a comparecer ante el instructor. Según qué conteste, el juez tomará una decisión.
Por otro lado, el magistrado indica que la personación del PSC como parte de la causa, en su condición de acusación popular, queda supeditada a que formule querella por el presunto delito de falsedad y presente una fianza de 15.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades que puedan derivarse del ejercicio de la acción penal.
El magistrado añade que su personación sólo puede producirse como acusación popular y sólo en relación con el delito de falsedad, ya que no tiene legitimación para instar a la persecución del delito de injurias.
El magistrado acuerda también que se dé traslado de las actuaciones hasta ahora practicadas al querellado y que se le requiera para que manifieste, en el plazo de cinco días, si mantiene al procurador y al abogado hasta ahora designados para su representación y defensa.
Por último, el instructor concede a las partes personadas un plazo de también cinco días para que indiquen las diligencias de investigación que, en su opinión, sería procedente ordenar.
