Bajo el ruido insuperable de la final de la Copa del Rey, el caso Olmo también se ha convertido en una cuestión de Estado que ahora le tocará resolver a la Audiencia Nacional, por definición un tribunal centralizado y especializado que conoce de delitos de especial gravedad, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Más concretamente, asume competencias únicas en materias como el terrorismo, incluyendo la comisión de actos de esta naturaleza, su financiación y la pertenencia a organizaciones terroristas, en delitos contra la Corona, y también en relación en las figuras del consorte, el sucesor, los altos organismos de la Nación o la forma de Gobierno, los casos de narcotráfico a gran escala y fraudes alimentarios cometidos por bandas o grupos organizados y que afecten a varias provincias. En el ámbito económico se encarga de las infracciones financieras de especial relevancia como maquinaciones para alterar el precio de las cosas, fraudes, blanqueo de capitales, delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional, falsificación de moneda y otros instrumentos de pago, fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas, cheques de viajero falsos, cometidos por organizaciones o grupos criminales y, ampliamente, aquellos delitos atribuidos a la Fiscalía Europea o cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, además de los causados por el contrabando en materia de defensa y de tecnología y los casos conectados por el quebranto de la ley en cualquier de los supuestos anteriormente descritos.
¿Cómo es que la resolución sobre un hecho administrativo tan sencillo y fuera de esa órbita como la licencia de un futbolista profesional ha acabado en una instancia reservada a las causas penales más graves a nivel español?
La respuesta hay que encontrarla en la inhibición de parte del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1, ante el que LaLiga había presentado recurso contra la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) autorizando a Dani Olmo a seguir jugando sin la correspondiente licencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Y la razón de este pase largo tras declararse incompetente es la naturaleza política del órgano que la dictó, el CSD, perteneciente a la Administración General del Estado. El artículo 11.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que “la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional es competente en única instancia para conocer de los recursos relacionados con disposiciones generales y actos de los ministros y secretarios de Estado”, en este caso por la directa intervención del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, en la postura de la máxima autoridad del deporte español de rebatir y revocar el criterio de LaLiga que preside Javier Tebas sobre la situación de Dani Olmo y de Pau Víctor.
El caso, como es sabido, se centra en la firme determinación de LaLiga y de RFEF, a través de los procesos establecidos y convenidos entre ambos organismos responsables de regular la competición -entre cuyas atribuciones está otorgar las licencias de juego de los futbolistas-, que las de ambos jugadores del FC Barcelona se extinguieron el 31 de diciembre pasado tras la caída de su carácter provisional. LaLiga y la RFEF sostienen que fueron extendidas en agosto pasado por la lesión de un futbolista de la misma plantilla, extremo previsto en la normativa por tiempo limitado hasta final de año, sin que a causa de la situación del Barça de Laporta de fair play financiero excedido y, por tanto, sin margen salarial, el club azulgrana pudiera modificar o ampliar su plantilla.
El conflicto que ahora ha acabado en una sala de la Audiencia Nacional tiene su origen en la peculiar visión del CSD y de su presidente en el sentido de que ambos tienen derecho a ejercer su profesión y, en el caso de Dani Olmo, de poder vestir la camiseta de la selección española, además de entender que la comisión de seguimiento mixta LaLiga/RFEF no tenía autoridad para denegar sus licencias, como había solicitado renovar el FC Barcelona. Para LaLiga, en cambio, nunca existió esa denegación por la sencilla razón de que el proceso de tramitación de la licencia de ambos, más allá del 31 de diciembre, nunca llegó siquiera a iniciarse por la falta de margen salarial de Laporta. LaLiga, además, reforzará como argumento a su favor ante la Audiencia Nacional la propia postura del CSD de haber aplicado esa autoritaria decisión de permitirles jugar sin licencia sin haber entrado en la cuestión de los procesos de control económico precios a la validación de las licencias, un control exigido por la ley a los clubs, precisamente autorizado y requerido por el propio CSD a LaLiga y a la RFEF.
A partir de ahora, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional dispone de sus propios plazos para acometer, en primer lugar, si proceden las medidas cautelares que plantea LaLiga de dejar inmediatamente en suspenso la decisión del CSD para que Olmo y Pau Víctor no puedan seguir jugando en esta situación que, a su juicio, pone en riesgo el rigor y la eficiencia de la fiscalización y del equilibrio financiero que tantos años y tantos esfuerzos de la administración y de los clubs ha costado conseguir.
Igualmente, la resolución del CSD decaerá a partir del 1 de julio, momento en que Laporta deberá inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor acreditando el margen salarial suficiente. Otra cosa es que sea de capital importancia para el futuro de LaLiga que la Audiencia Nacional resuelva a su favor el contencioso, pues de otro modo se abriría una brecha insalvable en la competición a la hora de inscribir jugadores por parte de los clubs, aun con el fair play financiero excedido, en un trámite posible según el CSD. Sería un precedente de catastróficas consecuencias, sobre todo para Javier Tebas.
