El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha revelado que el Gobierno de España ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023. De ellos, diez no han sido formalizados, según la información de la última consulta en la Plataforma de Contratación del Estado realizada este jueves.
El Centro Delàs ha hecho públicas estas cifras como adelanto de su informe sobre las relaciones militares entre España e Israel, con el fin de constatar que el gobierno español «ha mantenido la contratación de productos militares a empresas militares a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en varias ocasiones».
Según ha concretado el organismo independiente, entre los diez contratos no formalizados están los lanzacohetesSILAM, por valor de 576,4 millones de euros, y los misilesSpike, por valor de 237,5 millones, así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies, NCT Ltd y Guardian Homeland Security SA.
En el adelanto, el Centro Delàs explica que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento o modernización de productos adquiridos antes, mientras que hay nuevos acuerdos «que podrían aumentar la dependencia en cuanto a este mantenimiento y modernización». Además, ha afirmado que se genera una «preocupante complicidad» entre las empresas de armas españolas y las israelíes.
Críticas al gobierno de Sánchez
El organismo ha criticado la manera de actuar del gobierno que preside PedroSánchez y ha puesto en duda que tenga la voluntad real de suspender la compra de armamento a Israel. Entre otros, ha señalado que el ejecutivo central no había iniciado ningún procedimiento administrativo para llevar a cabo la revocación del contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil, sino que se había limitado a analizar si la revocación era posible.
El Centro Delàs también ha destacado que si el Gobierno de España hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel que incluyera, entre otras medidas, importaciones y prohibiciones de contratar empresas israelíes de defensa o sus filiales, ninguno de estos contratos administrativos se habría podido hacer. «Si el gobierno español tuviera voluntad política, podría imponer este embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros», ha manifestado en un comunicado.
El organismo ha concluido que se deben cancelar inmediatamente todos los contratos formalizados o en ejecución que contribuyan a «mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania».
Díaz dice que habrá que rescindir los otros contratos
La vicepresidenta segunda del gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha apuntado este viernes que el ejecutivo español también tendrá que rescindir los contratos con empresas de armamento israelíes que aún están pendientes de formalizar. «El acuerdo del Gobierno de España está vinculado a la no posibilidad de compra de armamento a Israel», porque es «un Estado genocida» que «ha matado a más de 50.000 personas, mata a niños y niñas cada día, y está asfixiando la Franja de Gaza», ha afirmado.
Según Díaz, las rescisiones están «amparadas por la legalidad» y contarán con todos los informes preceptivos. Además, aunque posiblemente ahora se producirán litigios, ha dicho, finalmente no habrá que pagar indemnizaciones por esta decisión.
El PP llevará al Tribunal de Cuentas la rescisión
El PP ha avanzado este viernes que llevará al Tribunal de Cuentas la decisión del gobierno español de rescindir unilateralmente el contrato de compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil a una empresa israelí. Según los populares, el ejecutivo de Sánchez adoptó esta decisión «arbitraria» por motivos «únicamente políticos», y la rescisión tendrá «un alto coste económico» para las arcas públicas.
