Unas 200 personas han protagonizado una marcha lenta desde Cerdanyola del Vallès (Barcelona) hasta el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para denunciar la retirada del servicio de bus escolar a partir del próximo curso en la escuela Bellaterra. La medida afecta hoy en día a más de 140 niños, el 33% del alumnado, quienes sólo tendrían opción de llegar al centro con vehículo privado o caminando a través de un trazado que no es seguro, denuncian las familias, que atribuyen la medida a la falta de voluntad del ayuntamiento de asumir el tercio del servicio.
El servicio de bus escolar une el núcleo de Cerdanyola del Vallès con el centro educativo, que se encuentra en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). A pesar de formar parte del mismo municipio, su acceso es complejo, dado que los niños no pueden ir por su propio pie por la distancia, de más de dos kilómetros, y porque no es un camino considerado seguro. «Tenemos que pasar por el puente de la AP-7, no hay un camino escolar seguro», ha destacado a la ACN Agustina Martínez, miembro del colectivo que reivindica el mantenimiento del servicio. La otra opción sería el vehículo privado: «Son cien coches en la carretera, no vemos esto como una alternativa», ha destacado Martínez.
Los padres reclaman que no se les prive de un servicio que consideran necesario, y que parte de la declaración de singularidad de 2017 del centro por su distancia con el casco urbano. Entonces, y a partir de una resolución del Parlamento de Cataluña, ya se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Cerdanyola, los Servicios Territoriales de Educación y las familias para alcanzar una aportación paritaria de un 33% del coste total del servicio. Hoy en día, sin embargo, señalan que el consistorio aporta un 7%, y que a partir del próximo curso esta suma quedaría en nada.
«Sabemos también que a otras escuelas del propio Consejo Comarcal sí que les mantienen el servicio, y no entendemos por qué lo quitan de la escuela Bellaterra. No es que queramos que lo quiten a otros centros, evidentemente, todas las escuelas que tienen esta situación necesitan un autocar, y nosotros necesitamos uno seguro para llegar a la escuela», ha añadido Martínez.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cerdanyola ha declinado hacer declaraciones sobre este aspecto a la ACN, aunque fuentes municipales responsabilizan de la decisión al Departamento de Educación de acuerdo con «criterios de lucha contra la segregación escolar». A las familias les han trasladado la opción de pedir un refuerzo de la línea de bus interurbano SU3 en hora punta, alternativa que no contemplan los afectados: «Este transporte interurbano para llevar a niños no es legal porque el decreto que regula el transporte escolar dice que tiene que haber una reserva de plazas, un acompañamiento con una monitorización y unas normas de seguridad que evidentemente un autobús interurbano no tiene», ha señalado Martínez.
