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Toque de atención del Consell de Garanties al Govern por la aprobación de dos decretos

Rètol de l'entrada del Consell de Garanties Estatutàries

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) cuestiona que el Govern haya aprobado a través de decretos ley el aumento de la tasa turística y del impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de inmuebles por parte de grandes tenedores.

Son las conclusiones de dos dictámenes sobre el decreto ley 5/2025 de medidas urgentes en materia fiscal y el decreto ley 6/2025 de medidas urgentes en materia del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, ambos a petición de Junts.

El órgano consultivo recomienda tramitarlos como proyecto de ley porque no ve «necesidades extraordinarias y urgentes» que justifiquen la vía del decreto. Fuentes del Govern aseguran que estudiarán «con profundidad» los dos dictámenes.

Junts exige la retirada

Junts ha exigido al Govern que retire los decretos del impuesto a los grandes tenedores y sobre la tasa turística después de que el CGE haya puesto en cuestión que esta fórmula jurídica sea la idónea para sacar adelante ambas iniciativas.

«El Govern del PSC quiere legislar a golpe de decreto, saltándose el proceso parlamentario ordinario y, por tanto, dando la espalda al Parlament. Así no se gobierna un país», ha lamentado la portavoz del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales.

Por otro lado, los Comuns han considerado que el CGE «ha avalado» la creación «del impuesto contra la especulación». El portavoz de los Comuns, David Cid, considera que el dictamen ha dado el visto bueno a «la subida al máximo que permite la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales para grandes tenedores y para aquellos que quieren comprar una vivienda entera». En opinión de la formación, que había pactado la cuestión con el PSC, el CGE ha dado luz verde con su dictamen «al conjunto de las medidas presentadas y a su constitucionalidad».

Por otro lado, y en cuanto a la tasa turística, Cid ha opinado que a pesar de la «división» del CGE, lo que plantea «se puede resolver tramitando el decreto ley como proyecto de ley».

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