A efectos del buen gobierno y de la estabilidad del FC Barcelona, a estas alturas del mandato de Joan Laporta, una vez completados cuatro años de su regreso y a dos años de su finalización, los socios seguramente deberían preguntarse si los miembros de la comisión económica estratégica deberían dimitir por dignidad y vergüenza profesional, por ética y por el demostrado y reiterado fracaso de sus funciones, claves en los grandes y calamitosos ejes económicos y financieros del club.
Por definición estatutaria, la comisión económica estratégica es un órgano colegiado de carácter consultivo integrado por seis socios o socias del club, de prestigio reconocido y experiencia en la gestión económica y de patrimonios, uno de los cuales debe ser designado o designada por la junta directiva entre sus miembros. En la práctica, realiza informes y valoraciones sobre la gestión de la directiva en este ámbito, principalmente para ser expuestos en las asambleas sobre el resultado del ejercicio y la elaboración del presupuesto previas a su aprobación.
Sus consideraciones, siempre condescendientes y manipuladas, acaban de forma recurrente con la sugerencia a los compromisarios de que sean votadas a favor de las propuestas de la junta. Tras la supresión de los artículos de control estatutario, la ausencia de un CEO, de un vicepresidente económico, de los directores financiero y fiscal y de un vigilante, directivo o ejecutivo, del Espai Barça -o sea, sin nadie con cargo y experiencia reconocidos que ejerza la supervisión, la ejecución y el seguimiento de operaciones con un presupuesto de 2.500 millones (más de 5.000 con intereses)- la comisión económica estratégica vendría a ser la última, o más bien la única, posibilidad de frenar o amortiguar las locuras del laportismo.
En la práctica, también, sus miembros son designados y tratados por la junta de Laporta a cuerpo de rey -comidas, desplazamientos con el primer equipo y entradas de cinco estrellas- a cambio de aprobar sistemáticamente las atrocidades del presidente y de ocultar a los socios todas y cada una de las ruinosas decisiones desde 2021, de momento con el resultado de unos fondos propios negativos de 94 millones y la posibilidad más que cierta de que puedan aumentar en las temporadas siguientes.
Aunque en otoño de 2022 se registró el relevo de su primer presidente, Jaume Guardiola, por Joan B. Casas, el resultado de los factores no ha alterado ese servilismo y opacidad, más destacable en la figura de Jaume Guardiola, ascendido a presidente del Cercle d’Economia tras taparle las vergüenzas a Laporta durante dos temporadas para luego salir a denunciar que la situación económica del club era de riesgo y desaprobatoria.
Su sucesor, Joan B. Casas, que durante varios años fue el decano del Colegio de Economistas de Cataluña, no lo ha podido hacer peor, además de permanecer inexplicablemente en el cargo después de sufrir un revés importante en su salud que, según algunas fuentes, le sobrevino en plena crisis personal de malestar y de disgusto a causa de la reacción de varios socios del Barça señalando a la comisión económica estratégica de cómplice y responsable de haber aprobado la financiación del Espai Barça incumpliendo los deberes del mandato asambleario. Desde entonces, son otros integrantes de este órgano quienes asumen públicamente su representación en las asambleas.
Joan B. Casas, Júlia Bosch, Carme Hortalà, Jaume Carrasco, Francesc Martí y Àngel Riudalbas, este último como miembro de la junta, son quienes el pasado mes de enero suscribieron la histórica nota de elogio y luz verde al ingreso contable de 100 millones esta temporada por la operación de los asientos VIP después de considerar que la comercialización de los llamados personal seat license (PSL) «es un activo de naturaleza intangible que se puede revalorizar en función de la fluctuación al alza de la demanda» y que «el PSL no tiene la condición de bien material». También dejaron claro que «de acuerdo con la normativa contable, considerando las características del activo intangible y la estructura de la operación (satisfacción del precio one-off, con un único pago al momento de venta y, por tanto, un solo impacto temporal y no recurrente), la Comisión Económica considera adecuado el registro del ingreso en el ejercicio en curso y así se someterá a la consideración del auditor del Club (…) Los ingresos ya obtenidos y la garantía de los que se recibirán en el curso de los próximos meses por el concepto de PSL han permitido al Club alcanzar el denominado fair play financiero».
Como es sabido, este planteamiento se ha derrumbado y LaLiga, que inicialmente anotó a favor del fair play financiero del Barça estos 100 millones porque un auditor de segunda división envió también un informe favorable, ha revertido el ingreso porque el auditor siguiente, Crowe Global, no los ha incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
El auditor, lógicamente, no ha justificado su decisión, lo ha hecho el aparato de intoxicación/comunicación de la directiva a través de filtraciones, aduciendo que la situación se normalizará en cuanto Limak entregue los asientos materialmente construidos en las gradas del Spotify dentro de unas semanas, antes del 30 de junio, para que LaLiga vuelva a reconocer esos 100 millones. Si esto es así, el auditor interpreta que los PSL sí que son un bien material o que, cuando menos, no puede construirse un ingreso sobre su comercialización sin antes haber sido incluido dentro del valor patrimonial del FC Barcelona.
A partir de ese principio contable que ni el auditor desconocido ni la comisión económica quisieron considerar, un hecho gravísimo y de terribles consecuencias, pues desampara el presunto amparo del fair play financiero que aseguraba la continuidad de Dani Olmo, todavía sin haber sido inscrito según las normas del control económico de LaLiga y de la RFEF, cuesta creer el resto del relato de la comisión económica. Ya no era ni mucho menos fiable antes de este episodio incalificable sobre los asientos VIP, que de nuevo han puesto en ridículo a la institución, pues el descarrilamiento catastrófico de las cuentas azulgrana, los despilfarros laportistas, la desaparición de 1.000 millones de beneficios en palancas y la situación crónica de falta de fair play financiero para fichar desde hace tres años son incidencias encubiertas y no denunciadas por este órgano completamente sometido a la voluntad, caprichos e intereses de Laporta. Sus miembros sabrán por qué y sus razones para no dimitir por un elemental sentido de la vergüenza.
