El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha hecho público este miércoles los últimos informes que evalúan el estado de la corrupción en España, los cuales señalan que el país ha hecho una «pobre implementación» de las recomendaciones para luchar contra la corrupción. Concretamente, el GRECO pide al Gobierno español mejoras en la regulación del papel de los asesores políticos, mejoras en la regulación del lobby y las puertas giratorias, y también manifiesta su preocupación por la politización del Poder Judicial.
De los dos informes que se han hecho públicos este miércoles, en el del 21 de junio de 2024 el Consejo de Europa pedía una reforma «más amplia» del estatuto del fiscal general, especialmente del sistema de nombramiento del fiscal y de la «transparencia» en sus comunicaciones con el gobierno. Con el acuerdo del PP y el PSOE sobre el poder judicial del 25 de junio se acabó modificando el régimen de incompatibilidades del fiscal general, pero quedan pendientes recomendaciones del Consejo de Europa para reforzar la «percepción de independencia» de esta figura. De hecho, el GRECO advierte en sus conclusiones del informe que la relación entre la Fiscalía General y el ejecutivo es un tema que continúa «preocupando a la ciudadanía».
En este sentido, el GRECO indica que la recomendación para mejorar la independencia, transparencia y autonomía del fiscal general en España sólo se ha cumplido «parcialmente», y pide que se «reconsidere» el método de elección y el periodo de mandato del fiscal general; el establecimiento de «requisitos y procesos claros» para «aumentar la transparencia» en las comunicaciones del fiscal con el gobierno; y «nuevas maneras para dar más autonomía» al ministerio fiscal. El actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está investigado judicialmente por presunta revelación de secretos a raíz de la filtración de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el informe de junio de 2024, el Consejo de Europa también avisó de que quedaba pendiente la recomendación sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Posteriormente, el PP y el PSOE cerraron un acuerdo para desbloquear la renovación del órgano y marcar las bases de un nuevo modelo de elección del poder judicial, de manera que este paso positivo no aparece en el informe hecho público este miércoles.
Asesores políticos y lobbies
El segundo informe del GRECO hecho público este miércoles se adoptó en diciembre de 2023 y trata sobre la prevención de la corrupción en el gobierno y los cuerpos policiales. El Consejo de Europa pidió a España que preste «más atención» a la situación particular de los asesores políticos y las «áreas específicas de riesgo de intereses conflictivos y corrupción», y también exigió mejoras en «la divulgación financiera, la regulación del lobby, y las puertas giratorias cuando los funcionarios del gobierno dejan sus funciones para trabajar en el sector privado».
Respecto a la relación entre diputados y lobbies, el GRECO reconoce algunos avances, pero alerta de que menos del 10% de los parlamentarios informan públicamente de los contactos y reuniones a pesar de estar obligados a hacerlo, como indica el Código de Conducta de las Cortes Generales. Por otro lado, el Consejo de Europa considera que no se han cumplido las recomendaciones para que el régimen aplicable a asesores sea equivalente en términos de integridad y transparencia al de los altos cargos.
Finalmente, el GRECO también ve margen de mejora en los «mecanismos internos» de prevención de la corrupción de los cuerpos policiales, y lamenta que no se haya cumplido la recomendación de revisar el régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil para que sea más transparente, objetivo y proporcional.
