La Audiencia de Tarragona obliga a reabrir la instrucción de la pieza separada que investiga los presuntos derramamientos de IQOXE en el mar desde 2017 hasta la explosión en la planta de La Canonja, el 14 de enero de 2020.
El tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, en el que pide que el Juzgado de instrucción número 1 de Tarragona cite a declarar nuevamente a los agentes de los Mossos d’Esquadra que intervinieron en los informes enviados al Instituto Nacional de Toxicología. «La acusación pública plantea interrogantes en relación con los atestados de los Mossos y los dictámenes del Instituto Nacional de Toxicología que merecen ser aclarados», argumenta la magistrada, que ya no ha valorado los recursos de las defensas de los investigados.
Según la resolución que ha tenido acceso la ACN, las diligencias demandadas por el fiscal de medio ambiente se consideran esenciales porque su resultado podría determinar si hay encaje en el delito contra el medio ambiente por los que están investigados altos cargos y trabajadores de IQOXE.
De hecho, la jueza de la sección segunda de la Audiencia señala que se deben resolver las dudas para determinar si concurren los «elementos típicos» del delito del artículo 325 del Código Penal.
«Resulta preciso aclarar la composición real de los derramamientos, su capacidad lesiva o potencialmente lesiva para el medio ambiente, explicar los cálculos que se han efectuado, el tipo de sustancia implicada o los efectos del vertido, la razón y el origen de los datos que se han trasladado al Instituto Nacional de Toxicología para la elaboración del segundo informe», argumenta la magistrada.
Por ello, la jueza considera que las declaraciones de los Mossos d’Esquadra pueden ser «muy relevantes» a la hora de valorar si hay indicios «suficientes o no» de la comisión del ilícito penal que tiene por objeto esta pieza separada. «El recurso del fiscal debe ser estimado, debe recibirse la declaración de los Mossos que intervinieron en la emisión de los informes y atestado final», sostiene. Asimismo, indica que en función de la información obtenida de las declaraciones de los agentes, también deberá volver a declarar el perito del Instituto Nacional de Toxicología.
La magistrada no ha entrado a valorar los recursos de apelación presentados por las defensas de los investigados. En concreto, de los directivos de la compañía, José Luis Morlanes y José Manuel Rodríguez, y del responsable de tecnología y del laboratorio, César Sanz, así como del jefe del Departamento de Servicios Generales, jefe de Seguridad, Medioambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad, Gerard Adrio y del responsable del laboratorio de la empresa, Manuel Montoro. «Estimado el recurso formulado por el Ministerio Fiscal no tiene objeto entrar en el análisis del resto de recursos en atención a su objeto en los términos referidos en el fundamento del derecho primero de esta resolución», dice la magistrada.
