La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha abierto diligencias previas contra el eurodiputado Luis Pérez, conocido por el sobrenombre Alvise, por la financiación de su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), y por la difusión de una prueba falsa de covid del exministro y actual presidente catalán, Salvador Illa.
En cuanto a la financiación de SALF, el Supremo ha apreciado indicios de la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, y ha designado como instructor al magistrado de la sala Julián Sánchez Melgar. Para la sala de lo penal, se puede haber producido una «elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos».
Las diligencias también se abren para el donante Álvaro Romillo, al aparecer unidas y conexas las posibles responsabilidades sobre el objeto de investigación. Según la exposición razonada, Romillo había entregado 100.000 euros al partido de Alvise en mayo de 2024. El alto tribunal ha admitido la personación del PSOE como acusación popular, para lo que le exigirá una fianza de 15.000 euros.
El Supremo, por otra parte, ha abierto una causa contra el eurodiputado por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión de una prueba falsa de covid-19 que atribuyó al actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021. En su auto, considera que «son múltiples los indicios fundados» que aportan las diligencias enviadas en la exposición razonada del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona.
En cambio, la sala ha acordado no abrir causa contra el eurodiputado por un delito de desórdenes públicos presuntamente cometido en relación con unas protestas contra la ley de amnistía en los alrededores de la sede del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid.
