El Congreso de los Diputados ha aprobado la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un sistema de reparto de menores extranjeros no acompañados que están en Ceuta y Canarias. El decreto se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo tras un acuerdo conJunts para establecer el nuevo sistema y garantizar los siete votos de la formación de Puigdemont.
Durante el debate, PP y Vox han acusado al Gobierno español de promover un efecto llamada y de establecer un sistema que beneficia a Cataluña en detrimento del resto de territorios. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado que el sistema tiene en cuenta el esfuerzo que han hecho las comunidades hasta ahora.
El decreto ha quedado aprobado por 179 votos a favor (todas las formaciones de la mayoría de la investidura), 170 en contra (PP y Vox) y una abstención (UPN).
Distribución a partir del verano
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado a las dos formaciones de la derecha de «racismo», y ha avanzado que el 28 de abril convocará a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial para abordar la distribución.
«Nosotros tenemos intención de empezar el traslado y acogida de niños y niñas a otros territorios a partir del verano», ha afirmado, «que sería cuando podremos estar en mejores condiciones», porque «hay que adaptar el sistema» y también «ser ágiles».
El acuerdo no solo supone un sistema para repartir los 4.400 menores que se encuentran en Canarias, la voluntad del ejecutivo es que tenga continuidad en el tiempo. Según las estimaciones del gobierno español, con este sistema de reparto Cataluña recibirá a cerca de 26 menores, mientras que Madrid superará los 800. .
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que esta es una medida «histórica» para una «demanda histórica» de protección de menores, y ha pedido «altura de miras» a todas las formaciones para dar una «respuesta definitiva a esta crisis humanitaria y a las que puedan venir».
Torres ha negado que el acuerdo beneficie a Cataluña. «Hay comunidades que por población, han hecho más esfuerzo en atender a niños que otros, y no se trata de probar a beneficiar a unas comunidades sobre otras, porque los números son objetivos». Según el ministro, «hoy es un día importante para estos niños y adolescentes que nos están interpelando, porque es su derecho, se lo debemos, y tenemos que estar a la altura».
Por contra, la diputada de Vox María José Rodríguez ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de promover un «efecto llamada». «Su solución al colapso es repartirlos por toda España para que sigan llegando de la mano de las mafias y lleguen a las islas del país que es la puerta de entrada de Europa por el sur», ha dicho. «Aquí el único criterio que ha regido para el reparto de menores ha sido el de Puigdemont y el interés de Sánchez por mantenerse en el poder», ha concluido.
Por parte de Junts, el diputado Josep Maria Cervera ha dicho que el decreto pactado permite gestionar mejor la acogida de los menores migrantes a través de unos criterios que garantizan la solidaridad intersticial. «Desde Junts hemos hecho evidente que la solidaridad ha sido y es desigual», ha denunciado hablando del «desinterés» de ciertas comunidades. «Trabajamos también para que los menores tengan una acogida en condiciones que sea una oportunidad para el menor y por el país, pero para ello es imprescindible no tensionar el sistema», ha alertado.
Según ha agregado, el número de plazas de acogida que hay en Cataluña con relación a la población está muy por encima de la media de comunidades del Estado. «Esto dificulta hacer el trabajo bien hecho, tensiona el sistema y la propia sociedad de acogida», ha expuesto recordando que hay otros territorios con «mucho campo para correr». En este sentido, ha defendido que este acuerdo acaba con el sistema anterior «que no funcionaba». Finalmente, ha asegurado que Junts encara el debate sobre la migración y la demografía «sin miedo» y a riesgo de recibir etiquetas «gratuitas».
Desde ERC, el diputado Jordi Salvador ha reprochado a los partidos de derechas que se digan «muy cristianos y muy católicos» pero rechazan la inmigración. «Si Jesús volviera hoy, quizá lo confundirían con un menor extranjero y lo querían deportar», ha asegurado. «Fui forastero, y me acogieron», ha proclamado leyendo partes de los evangelios antes de denunciar las expulsiones y el señalamiento a los menores migrantes. «Han pecado, de pensamiento, obra y omisión», ha aseverado. «Hacen vergüenza, por no decir otra cosa», ha añadido.
Criterios de reparto
El decreto establece criterios para hacer efectivo el reparto. A la hora de calcular la distribución, el sistema tendrá en cuenta en un 50% la población, 13% renta per cápita, 15% tasa de paro, 6% por el esfuerzo realizado, 10% por la capacidad de plazas, 2% si se trata de una ciudad fronteriza, 2% por insularidad y 2% por dispersión.
Según las estimaciones del Gobierno, Madrid será la comunidad autónoma que recibirá más menores, 806. Le sigue Andalucía, con 796, el País Valenciano, con 477, y Galicia, con 326. Las que menos menores recibirán serán Cataluña, con 26, Melilla, con 34, Baleares, con 58 y Euskadi, con 87.
El sistema parte de la «capacidad ordinaria» de cada territorio. Las comunidades tenían hasta el 31 de marzo para trasladar al gobierno español las certificaciones de los menores no acompañados que atendieron el año pasado para poder hacer este cálculo. A pesar de las reticencias iniciales de los territorios gobernados por el PP, finalmente todas las comunidades salvo Aragón las remitieron al gobierno español. El ejecutivo español financiará las plazas de cada territorio que excedan esta «capacidad ordinaria» con 100 millones de euros a repartir entre los territorios.
