El Parlament ha aprobado este miércoles validar el decreto que regula el alquiler de temporada y habitaciones, y que modificará la ley de vivienda, tras el pacto entre el Gobierno catalán y los grupos de ERC, Comunes y CUP, los grupos que han votado a favor junto con el PSC, mientras que el resto lo ha hecho en contra.
Así el plenario ha dado luz verde a que a partir de ahora el texto se tramite como proyecto de ley, tal y como habían pedido los otros grupos que han apoyado. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, ha celebrado el primer gran acuerdo de todas las fuerzas progresistas de izquierdas en mucho tiempo. Además, ha hecho un llamamiento al resto de grupos a sumarse al entendimiento porque la situación de la vivienda interpela a todos.
«El acuerdo no resuelve la crisis estructural, pero abre un camino», ha apuntado la consejera durante el debate. Paneque ha agradecido el esfuerzo y la generosidad de ERC, Comunes, CUP y del propio PSC, por un trabajo que ha tenido el secreto de situar el acceso a la vivienda asequible en el centro del debate, «lejos de posiciones cerradas y buscando siempre los elementos que deben permitir alcanzar el objetivo», tal y como ha defendido la consejera.
Paneque se ha mostrado convencida de que el resto de grupos también compartirían la preocupación de la crisis de la vivienda, pero lo cierto es que el resto de formaciones han votado en contra de la validación del decreto, pese al llamamiento de Paneque a sumar esfuerzos.
Durante el debate parlamentario, Salvador Vergés (Junts) ha argumentado el voto negativo de su grupo porque considera que el nuevo decreto se carga la ley de la arquitectura que el actual presidente del Parlament y entonces conseller, Josep Rull, impulsó en 2017. «Ustedes se cargan los concursos de proyectos. Estamos absolutamente en contra», ha añadido Vergés.
Por su parte, la diputada del PPC Eva García ha acusado al Gobierno de la Generalitat de pactar con la izquierda y la extrema izquierda, y ha criticado a los ejecutivos independentistas de imponer medidas que han empeorado el problema de la vivienda.
Finalmente, las representantes de los grupos que han pactado el texto con Paneque, han defendido el acuerdo y el contenido del decreto: Ester Capella (ERC), Susanna Segovia (Comuns) y Laure Vega (CUP) han calificado el entendimiento de «buena noticia» y de «paso adelante», que servirá para «recoger el guante» y avanzar contra la especulación.
Inspector de vivienda y prórroga
El Gobierno cerró el martes por la tarde el acuerdo con ERC, Comunes y CUP para regular el alquiler de viviendas de temporada. Entre las medidas, se incorpora a la normativa la figura de inspector de vivienda, que tendrá competencias para verificar el cumplimiento de los contratos, detectar fraudes y proponer sanciones. El acuerdo también establece una prórroga de las viviendas con protección oficial situadas en zonas tensionadas, tal y como reclamaban Comunes y CUP. Las medidas acordadas se incorporarán vía enmiendas.
Se modifica así la ley de vivienda para dejar claro que el alquiler de temporada no tendrá la misma consideración que las viviendas permanentes. Y establece que los de temporada son aquellos destinados a «usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea ésta de verano o cualquier otra».
Según el acuerdo, la finalidad de la vivienda deberá hacerse constar en el contrato así como el lugar de residencia permanente de parte arrendataria.
Otro de los acuerdos es incorporar la definición de «contrato de fraude» a la ley de vivienda de 2007 con las siguientes palabras: «Cualquier acuerdo contractual que, de manera intencionada, incorpore cláusulas o prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores o que desvirtúe el equilibrio contractual en materia de vivienda en los términos contenidos en el derecho aplicable».
Según el acuerdo, los inspectores de vivienda estarán vinculados a la futura Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda, con la participación de la Agencia de Consumo y la Agencia de Vivienda. Tendrán competencias «para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras».
También se establece que en el alquiler de habitaciones, la suma de las rentas de varios contratos de una vivienda en zona de mercado tensionado no pueda rebasar la renta máxima que se aplique a la vivienda.
En cuanto a la prórroga para las viviendas de protección oficial que estaba previsto que lo dejaran de ser a corto plazo, se establece un nuevo calendario. Para los que están situados en zonas de mercado de vivienda tensionada la protección oficial será de 30 años en el caso de promociones en suelo de reserva urbanística de destino a vivienda protegida y si se obtienen ayudas directas; 10 años en el caso de promociones en suelos sin reserva urbanística de destino a vivienda protegida y sin obtener ayudas directas; y 20 años para el resto de supuestos.
Dictamen del Consejo de Garantías
El decreto ha llegado al pleno después de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) haya emitido un dictamen, a petición de ERC, sobre su adecuación al Estatuto y a la Constitución. El dictamen, que no es vinculante, concluye que «en una consideración de conjunto» el decreto no vulnera el artículo 64.1 del Estatuto.
Pero también detecta que algunas medidas «no tienen conexión de sentido con la necesidad extraordinaria y urgente que justifica este decreto» y que, por tanto, vulneran este artículo. En este sentido, el dictamen ya recomendaba tramitar el decreto ley como proyecto de ley.
