El Govern ha cerrado este martes por la tarde un acuerdo con ERC, Comuns y CUP para regular el alquiler de viviendas de temporada.
Entre las medidas se incorpora a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda la figura de inspector de vivienda, que tendrá competencias para «verificar el cumplimiento de los contratos, detectar fraudes y proponer sanciones».
El acuerdo también establece una prórroga de las viviendas con protección oficial situadas en zonas tensionadas, tal y como reclamaban Comuns y CUP.
El pacto ha llegado a menos de 24 horas de que se vote en el Parlamento el decreto de medidas urgentes en vivienda.
Las medidas acordadas se incorporarán vía enmiendas cuando el decreto que se aprobará este miércoles se tramite como proyecto de ley.
Se modificará la ley de vivienda para dejar claro que el alquiler de temporada no tendrá la misma consideración que las viviendas permanentes. Y establece que los de temporada son aquellos destinados a «usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea esta de verano o cualquier otra». Según el acuerdo, la finalidad de la vivienda deberá hacerse constar en el contrato, así como el lugar de residencia permanente de parte arrendataria.
Otro de los acuerdos es incorporar la definición de “contrato de fraude” a la ley de vivienda 18/2007 con las siguientes palabras: “Cualquier acuerdo contractual que, de forma intencionada, incorpore cláusulas o prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores o que desvirtúe el equilibrio.
Según el acuerdo, los inspectores de vivienda estarán vinculados a la futura Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda, con la participación de la Agencia de Consumo y la Agencia de Vivienda. Tendrán competencias «para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras».
También se establece que en el alquiler de habitaciones, la suma de las rentas de varios contratos de una vivienda en zona de mercado tensionado no pueda sobrepasar la renta máxima que se aplique a la vivienda.
Por lo que respecta a la prórroga para las viviendas de protección oficial que estaba previsto que lo dejaran de ser a corto plazo, se establece un nuevo calendario. Para quienes están situados en zonas de mercado de vivienda tensionada la protección oficial será de 30 años en el caso de promociones en suelo de reserva urbanística de destino a vivienda protegida y si se obtienen ayudas directas; 10 años en el caso de promociones en suelos sin reserva urbanística de destino a vivienda protegida y sin obtener ayudas directas; y 20 años para el resto de supuestos.
