Sin licencia otorgada por la Federación Española de Fútbol (RFEF), sin el preceptivo visto bueno de LaLiga a su ficha porque -según la obligada aplicación del control económico- el Barça de Joan Laporta no puede hacer frente al desembolso de su contrato, y con el propio reconocimiento del FC Barcelona de que, en efecto, en la caja no hay dinero para pagarle, Dani Olmo podrá seguir jugando esta temporada vestido de azulgrana e incluso para siempre, a juzgar por algunas interpretaciones jurídicas extremas sobre la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) de este jueves.
La peculiar decisión del CSD deja al borde de un abismo de consecuencias imprevisibles la propia estructura actual del fútbol profesional. La emitió a las pocas horas de conocerse que el Barça de Laporta había engañado a todo el fútbol español con una auditoría manipulada en virtud de la cual el máximo organismo del deporte español hilvanó y construyó una medida cautelarísima para que Olmo pudiera seguir jugando desde enero pasado, aun sin la licencia, que solo pueden otorgarle LaLiga y la RFEF,
El CSD se ha cargado, mediante una cacicada que cada día que pasa se atribuye más a la extraña voluntad de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, un modelo de patronal. Su éxito y fortaleza se basaba precisamente en que para garantizar una distribución proporcional, ajustada, imparcial y consensuada de los ingresos de los clubs, estos se sometían voluntaria y contractualmente a una normativa de control económico tan transparente como inflexible con la finalidad de que ningún equipo pudiera estirar más el brazo que la manga a la hora de fichar, ni tampoco abusar de vender activos o patrimonio para gastar en jugadores, si estas inversiones ponen en riesgo su equilibrio financiero, disparan la deuda o aseguran un empobrecimiento futuro. Por ejemplo, a efectos de palancas, el salvavidas al que Laporta lleva tres años agarrándose, LaLiga no le puede prohibir expresamente que recurra a ellas, aunque sí limitarle, en función de su naturaleza, el porcentaje del beneficio susceptible de aplicar a comprar jugadores.
Laporta lleva tres años con ese margen salarial excedido, o sea que sigue gastando en comprar, amortizar y pagar jugadores más de lo que ingresa y de lo que LaLiga estima y fija para cada club y en cada momento en función de su facturación, motivo por el cual la patronal le restringe las inversiones en nuevos refuerzos a un porcentaje del 40%, del 50% o el 100% incluso de cada euro neto que acreditadamente provenga de la venta de jugadores, de rebajas de la masa salarial o de operaciones no ordinarias (palancas) que no provengan tampoco de ingresos anticipados del futuro.
Según el CSD, sin embargo, Laporta puede saltarse toda esa normativa, como en el caso de Dani Olmo, si se lo pide de buenas maneras, como hizo en enero pasado y el organismo, de naturaleza política y directamente dependiente del Gobierno de turno, considera que prevalece, por encima de la normativa del control económico, el derecho de un futbolista a ejercer su profesión si existe un contrato vinculante con el club.
Paradójicamente, hace años que el propio Gobierno impuso a los clubes la creación de LaLiga para ejercer, sobre todo, la fiscalización de sus finanzas, para que, cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pudieran ponerse al día de la deuda colosal que mantenían con Hacienda y con la Seguridad Social por no pagar sus impuestos y obligaciones en algunos casos desde hacía décadas. Fue el Gobierno el que estableció las reglas del juego y el que no hace ni tres años exigió a LaLiga un grado de exigencia y de fiscalización aún más extremo y vigilante a raíz de la supresión de los avales en los clubs que no son SA, como Barça, Real Madrid, Athletic y Osasuna.
Ahora, en cambio, por poner un ejemplo, si el Real Madrid ficha a Erling Haaland y el Atlético de Madrid a Mohamed Salah, aun en el caso de que la amortización y sus fichas excedieran del límite salarial fijado por LaLiga y se les negara por esta causa la inscripción federativa, les bastaría con recurso de alzada ante el CSD para que, en una especie de decretazo, obtuvieran una licencia. Laporta, en un caso extremo, ha abierto la puerta a que el propio Real Madrid puede fichar también a Lamine Yamal aunque se pase de presupuesto. Ahora ya vale todo o eso parece.
Y es lógico que el aficionado no entienda esta despótica decisión del CSD amparándose en que no entra en el fondo económico del caso, a pesar de que, precisamente, esta es la única causa de la no renovación de la licencia de Olmo tras haber caducado la suya el 31 de diciembre pasado, entendiendo LaLiga que al no disponer Laporta de fair play financiero suficiente y en aplicación de la norma, ya no podía inscribir a ningún jugador más para esta temporada. Dicho de otro modo, si para el CSD la cuestión del control económico no es relevante, Laporta ya podría haberlo inscrito desde agosto mediante el trámite ante el CSD, el camino que a partir de ahora puede seguir cualquier club para eludir el límite salarial impuesto por LaLiga. La demostración de esa absurda realidad es que tanto Olmo como Pau Víctor van a seguir jugando sin que LaLiga haya validado su inscripción y licencia por la sencilla razón de que, admitido por el Barça en su informe de auditoría del lunes pasado, no ha generado suficiente fair play financiero. Al CSD le da igual, se la refanfinfla.
No es discutible que Dani Olmo y Pau Víctor van a ser alineados sin que sus licencias hayan sido otorgadas y autorizadas por LaLiga y por la RFEF sobre la base de su convenio y la normativa del control económico, como sí lo ha sido el resto de los más de 500 jugadores que compiten en la Liga EA Sports.
LaLiga ya se ha defendido en una nota muy técnica desde el punto de vista jurídico que, de entrada, considera una camama la resolución del CSD porque parte de una supuesta revocación por parte de LaLiga de ambas licencias cuando la situación a 31 de diciembre fue la caducidad de ambas. El CSD basa su decisión en la incompetencia de la Comisión de Seguimiento LaLiga-RFEF para otorgar licencias, mientras LaLiga deja claro que dicha comisión no denegó ninguna licencia para que Olmo y Pau Víctor pudieran seguir jugando a partir del 1 de enero por la sencilla razón de que nunca fueron emitidas por falta de fair play financiero del Barça, asunto de fondo clave en el que el CSD no quiere entrar, precisamente, para no tener que mojarse.
A partir de ahí, LaLiga desarrolla un poderoso argumento legal que, según anuncia, llevará ahora a la instancia ordinaria correspondiente (contencioso-administrativa), que ya le tumbó a Laporta dos veces, el 23 de diciembre de 2024 por el Juzgado de lo mercantil nº 10 de Barcelona y el 30 de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Barcelona, su intento de conseguir una cautelar para las inscripciones de ambos jugadores.
Lo que está en juego en esa demanda va mucho más allá de si dos jugadores del Barça pueden ser alineados o no hasta final de temporada. LaLiga se juega seguir ostentando las atribuciones que el propio Gobierno le ha pedido y exigido en materia de control económico de los clubs. Que el mismo Gobierno protagonice una injerencia como la de Olmo, a petición de un club que manifiestamente solo busca saltarse la normativa para beneficiarse directamente en el terreno de juego, desafía todas las estructuras y desde luego deja a LaLiga y sobre todo a Javier Tebas completamente fuera de juego. Si caen Tebas y cae LaLiga, gana Florentino y, de paso, cae también el fútbol español.
¿Gana entonces la Superliga? Probablemente ese sea el contexto de esta verdadera guerra de fondo en la que el Gobierno actúa de forma cómplice a favor de los intereses del presidente del Real Madrid y diabólicamente en beneficio puntual de Laporta. De locos.