En la línea sostenida esta temporada por el Barça, el primer equipo liderado por Lamine Yamal, representativo de otra generación de oro de la Masía y herencia indiscutible de la directiva anterior, dio otro paso de gigante, clasificándose para la final de la Copa del Rey el mismo día que su presidente, Joan Laporta, certificó también su proverbial capacidad para el ridículo, el embuste, la negligencia y un absoluto descontrol en la gestión financiera y económica.
Lo más grotesco de una jornada surrealista, que empezó con el anuncio previsible por parte de LaLiga de que Laporta ha arrastrado otra vez al FC Barcelona a una situación de margen salarial excedido en nada menos que 100 millones, fue que el propio presidente denunció el hecho como una conspiración contra el club cuyo único responsable conocido, público y señalado es él mismo. El colmo del cinismo que, como siempre, contó con el seguidismo, todavía, de la prensa Laporta-dependiente, que sigue siendo legión.
Como el anuncio de LaLiga coincidió con la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa en el Metropolitano, Laporta fue abordado por un grupo de periodistas que, al final, sobre todo los representantes de los medios catalano-barcelonistas, no dudó el enfatizar los titulares en esa misma dirección apuntada por Laporta, centrando el mensaje en la existencia de una nueva campaña en su contra y destructiva desde el punto de vista de los intereses del club. O sea, haciéndole el juego a un presidente que ha hecho trampas de nuevo intentando engañar a todo el mundo, a los socios, a LaLiga, al CSD y a la RFEF, para recuperar fair play financiero. Esta vez, sin embargo, con la diferencia de que lo han pillado con las manos en la masa.
Previsible porque, desde el primer minuto en que pretendió encubrir la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor con la extraña comercialización de asientos VIP del futuro Spotify, LaLiga sospechó de que Laporta trataba de jugársela con otra venta como la de Barça Studios. Un movimiento sin verdadera sustancia ni inversores medianamente serios o interesados de verdad en un negocio que, por otro lado, no deja de ser un avance de ingresos futuros porque Laporta tampoco ha sido capaz de sostener en el tiempo, ni puntualmente, la capacidad de margen salarial sobre el éxito de la actividad ordinaria. Su economía sigue condenada a la tiranía de unos gastos tan brutales como inexplicables y por el lastre de operaciones fantasma como la de Barça Studios y ahora la de los asientos VIP.
«Que salgan y que activen polémicas de este tipo no es por casualidad. Es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo. A veces tengo la sensación de que lo que no nos pueden ganar en el campo nos lo intentan ganar en los despachos y como presidente del Barça esto no lo puedo permitir. Voy a seguir defendiendo los intereses de nuestro club, en defensa de nuestros socios y aficionados. El club responderá una vez los servicios jurídicos hayan analizado a fondo el escrito de LaLiga. Vamos a contestar de la forma más contundente y necesaria en defensa del los intereses del FC Barcelona. Hace tres meses que ya dije que las inscripciones de Olmo y Pau Víctor se habían hecho correctamente y que habíamos cumplido todos y cada uno de los requisitos exigidos por la RFEF y por LaLiga. Y esto continúa vigente», clamó Laporta ante micros y cámaras en un intento por poner el foco no se sabe bien dónde, pues tampoco citó ni a Javier Tebas ni a LaLiga ni a nadie.
Claramente, Laporta intentaba una jugada mediática preventiva ante la posibilidad de que este mismo jueves, o mañana como muy tarde, el CSD resuelva sobre la licencia de Dani Olmo y de Pau Víctor que el presidente azulgrana no ha sido aún capaz de cubrir con fair play financiero desde agosto pasado en una gestión impresentable, patética y vergonzosa.
El histrionismo y la perversión de su discurso radica en esa especie de denuncia contra quien «quiere desestabilizarnos» cuando ha sido el propio auditor del Barça, contratado y pagado por Laporta, Crowe Royal, el que le ha plantado a LaLiga un informe de estados financieros a 31 de diciembre de 2024 en el que, a diferencia de lo que Laporta había defendido ante la propia patronal y la Federación Española de Fútbol (RFEF) -también ante los socios y la opinión pública-, no ha admitido ni contabilizado la operación de los asientos VIP por 100 millones de beneficio neto.
Dicho de otro modo: ha sido el propio Barça, Laporta por elevación y su auditor por delegación, el que ha admitido que el informe de auditoría entregado el 3 de enero a LaLiga y firmado por un despacho muy menor y desconocido, al menos hasta hoy, Abauding SL, que LaLiga denunciará ante Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas (ICAC), daba validez a una operación contablemente irregular de nada menos que de 100 millones, se sospecha que de forma consciente y premeditada o bien forzada por Laporta, quién sabe bajo que circunstancias y condiciones, a menos que enigmático y auditor Abauding SL haga pública su versión de los hechos.
El Barça, así pues, le entregó a LaLiga un informe de auditoría que ha resultado no ser lícito ni presentable a los ojos de quien formalmente, Crowe Royal, ha sido designado por la propia junta para sustituir a Grant Thornton como auditor del FC Barcelona y que se ha negado en redondo a contemplar la jugada trapera de Laporta con New Era Visionary Group como una operación de 100 millones de superávit. Este hecho ha provocado la lógica reacción de LaLiga de aclarar la situación del fair play financiero del Barça, eso sí, a costa de destapar que el presidente azulgrana recurrió en enero a un auditor furtivo para arrancarle al CSD una cautelar no menos controvertida.
Laporta, en su desesperación, se ha señalado a sí mismo con esas declaraciones mientras que LaLiga, condescendiente, ha hecho lo propio contra Abauding SL intentando evitar un mal reputacional aún peor contra el único culpable de este nuevo escándalo que, sobre todo, puede cristalizar a corto plazo en que el CSD se replantee los argumentos de la cautelar sobre Olmo y Pau Víctor.
De no ser así, los clubs ya saben que si no disponen de margen salarial para fichar un jugador pueden recurrir al CSD para inscribirlo, basándose en que los futbolistas tienen derecho a ejercer su profesión como defiende el CSD por encima de la normativa del control económico que le exige el propio Gobierno a LaLiga, y que los propios clubs y la RFEF han aceptado como marco regulador.
La otra consecuencia de esta resta de 100 millones al fair play financiero de Laporta, que si los tuvo en un momento dado fue con artimañas al margen de ley, es que se le complica aún más retener a Lamine Yamal a partir del 1 de julio próximo. Y mucho.
