El Sindicat de Llogateres exige a la UPF cerrar las cátedras «del negocio inmobiliario»

La entidad señala que la investigación que hacen está "sesgada" porque defiende "los intereses" del 'lobby' inmobiliario

Bluesky
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona

El Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) ha enviado una carta a la rectora de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, exigiéndole el cierre de las cátedras del lobby inmobiliario. Concretamente, la entidad hace referencia a las cátedras de empresa de Tecnocasa, MetropolitanHouse, el Colegio de Administradores de Fincas, la Asociación de Promotores y la Asociación de Constructores de Edificios de Cataluña (APCE).

En opinión del sindicato, «la función de estas cátedras es utilizar el nombre y el prestigio de la Universidad Pompeu Fabra a favor de los intereses del negocio inmobiliario, y no favorecer al avance en la investigación y el conocimiento». Como ejemplo, el Sindicato señala el informe de Tecnocasa sobre la ley de vivienda o el policy brief de la APCE contra la primera regulación de precios, «documentos diseñados para contradecir cualquier medida dirigida a garantizar el derecho a la vivienda y que ponga límites a la capacidad de hacer negocio».

En este sentido, la entidad critica que «la investigación que sale de estas cátedras se reviste de objetividad, pero depende de la financiación de actores directamente interesados en el crecimiento del negocio rendista». «La estructura de estas cátedras, con actores con un claro interés económico, hace que la investigación que salga sea sesgada, y que nunca pueda contradecir la misión fundacional de sus financiadores, que es el lucro privado con la vivienda», indica el Sindicato en la carta enviada a la rectora de la UPF.

En el escrito, el Sindicat de Llogateres argumenta que «en un momento en el que la crisis de vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía, la investigación universitaria en este ámbito es más importante que nunca», y que por ello es imprescindible que no esté subordinada a los intereses del poder inmobiliario. «Subordinar la investigación a los intereses de grupos empresariales con un interés económico detrás y que están causando un grave daño social, es una forma de generar ignorancia, y no de combatirla», concluye el sindicato.

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