LaLiga que preside Javier Tebas ha dinamitado el caso Olmo y puesto al descubierto que Joan Laporta pudo haber presentado un informe de auditoría más que sospechoso en enero pasado para dar por válida la operación de los asientos VIP por 100 millones. Además, ha puesto al Consejo Superior de Deportes (CSD) en un verdadero aprieto porque le negó a Javier Tebas la autorización para investigar esa palanca de urgencia que al Barça sirvió para inscribir a Olmo cautelarmente. Tres meses después, el nuevo auditor del club, Crowe Royal, no ha incluido esos 100 millones como ingresos y, consecuentemente, le ha retirado esa misma cantidad de su fair play financiero, de forma que la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor se adivina imposible, tal y como LaLiga y la RFEF ya decidieron el 31 de diciembre, en la fecha límite de la licencia con la que Olmo venía jugando desde agosto por lesión de un compañero.
A cinco días de la resolución definitiva del CSD sobre la inscripción de Olmo, la posición de la máxima autoridad en el deporte español se ve comprometida tras haber concedido en su día una cautelar con base en esa operación que ahora se ha demostrado contablemente inviable y a costa de poner en entredicho la autoridad de LaLiga y de la RFEF para autorizar o no las licencias previa acreditación del fair play financiero exigido por la normativa.
En la nota de LaLiga sobre el caso, emitida este miércoles por la mañana, se notifica al Barça su recaída en una situación de falta de margen salarial para operar en la regla 1:1 en los fichajes y, desde luego, ratifica la desinscripción acordada en su día sobre Dani Olmo y Pau Víctor.
También especifica que el FC Barcelona envió un informe de un auditor no especificado emitido a primeros de enero pasado, al que LaLiga quiere denunciar ante Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por aplicar un criterio falto de rigor para justificar que Laporta pudiera darse un ingreso de 100 millones por la venta de 475 asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou.
La explosión de esta situación verdaderamente impensable y polémica por las consecuencias que pueda acarrear se produce cuando el nuevo auditor del FC Barcelona, Crowe Royal, se niega a aceptar la operación en los términos validados hace tres meses por un auditor desconocido a la hora de firmar su informe preceptivo, que LaLiga exige sobre el primer semestre de la temporada.
LaLiga, consecuentemente, ha actuado con diligencia restándole al Barça 100 millones de margen salarial y ha aprovechado para cargar contra el CSD, al que solicitó iniciar una investigación especial sobre el caso tras detectar fundadas sospechas de montaje financiero y de posibles irregularidades en la contabilidad. El CSD no le hizo caso y ahora se encuentra, ante la inminente obligación de dar por revocada o no la denegación de la licencia acordada en su momento por LaLiga y la RFEF, en la tesitura de deshacer el argumentario de la cautelar concedida sobre la base de que Laporta había subsanado la falta de fair play financiero para solicitar una segunda inscripción del jugador Dani Olmo y de Pau Víctor. En caso de confirmar la cautelar se daría la extraña y absurda circunstancia de haberle dado licencia a dos futbolistas inscritos sin fair play financiero suficiente, reconocido por el propio club azulgrana en sus estados financieros.
LaLiga, en su nota, apunta indirectamente a Laporta como responsable de una negligencia por no disponer de fair play financiero para sus futbolistas, aunque culpa al auditor de la incorrecta formulación contable de la operación. Es decir, que intenta salvar a Laporta de alguna manera. En cuanto al CSD, se muestra cruel y acusatorio sin matices por haber pisoteado a los organismos que regulan el fútbol profesional y, además, haberse negado, como planteaba Tebas, a investigar el caso para evitar este escenario que, sobre todo, deja en ridículo al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y la institución que representa.
