El más absoluto reflejo del desprecio, o mejor sería hablar de menosprecio, hacia el socio del Barça por parte de Joan Laporta y de su junta directiva es que la vista oral de la demanda por el incumplimiento asambleario del préstamo para el Espai Barça no se celebrará hasta el 18 de febrero de 2026.
Esta es la pequeña victoria legal de un socio del FC Barcelona, Ignasi Prat, un solo socio, osado e independiente, a quien un tribunal de primera instancia ha aceptado una reclamación que, no obstante el enunciado, no resolverá realmente si Laporta se pasó por el forro la obligación, según el referéndum de 2021, de construir la totalidad del Espai Barça, no únicamente la reforma del Spotify, con el límite de préstamo de 1.500 millones autorizados asambleariamente primero y ratificado después mediante una consulta telemática. La verdadera pretensión de la causa que verá el juzgado finalmente dentro de casi un año y casi cinco años después de la aprobación de la propuesta directiva es si es punible la conducta y la actitud de la junta directiva de Laporta, que no ha atendido ni respondido por ninguno de los canales internos (Comissió de Disciplina, Comissió d’Ètica i Transparencia, Comissió Económica, Compliance Officer y la propia junta) los escritos y diligencias del socio Ignasi Prat agotando todos los recursos formales y estatutarios previstos y reconocidos de interpelación y control de las actuaciones de la junta de Laporta.
Dicho de otro modo, la directiva ha ignorado y ninguneado olímpicamente a un socio que, en su derecho legítimo, había pedido explicaciones y denunciado que, frente al acuerdo de asamblea de 2021 en relación con la financiación y alcance del Espai Barça, la publicación del Fondo de Titulización incumplía varios de los parámetros en cuanto a la disposición y destino del préstamo. Básicamente, que la reforma del estadio consumirá los 1.500 millones, habiendo prescindido del resto del Espai Barça, o sea el conjunto arquitectónico del nuevo Palau Blaugrana y el Campus Barça.
La directiva de Laporta, a la vista de las pruebas aportadas por el demandante, ha actuado como si nada, como si ningún socio y menos un elemento aislado, tuviera derecho a preguntar, a saber y a ser atendido como lo que es, el propietario del club. El juez ha estimado que hay caso, indicios sobrados de esta insolencia y pasotismo por parte de una directiva que ha tirado a la papelera o dejado olvidados en un cajón los escritos y los burofax de un socio que, desde el análisis objetivo del contenido del Fondo de Titulización, que no deja de ser el contrato entre el FC Barcelona y Goldman Sachs para la administración de un crédito con una devolución que rondará los 3.000 millones, ha detectado deficiencias con relación a la autorización asamblearia de obligado cumplimiento.
No será esta vista oral la que determine si, como es notorio y público, Laporta y su junta permitirán que Limak y los intereses se coman entero el préstamo de los 1.500 millones. La sala se centrará primeramente en aclarar por qué no se han seguido los protocolos de atención al socio y de respaldo y aplicación de sus derechos, muy posiblemente permitiendo que cierta documentación que Laporta cree que debe ser confidencial sea expuesta y contrastada en beneficio de las aclaraciones a las que el socio tiene, por ley, la obligación de conocer porque para eso ha delegado la gestión en una junta directiva.
Esta vertiente del juicio es interesante porque, efectivamente, a la exigencia del juez del aporte probatorio por parte de la junta, los abogados del club han exigido al demandante plenas garantías de confidencialidad en la misma línea adoptada por Laporta cada vez en un abanico más grande de su gestión.
Por desgracia para el Barça, siempre que el presidente se ha acogido a ese amparo tan poco justificado del secreto administrativo, al final los detalles y los misterios no solo se han acabado conociendo, sino que han puesto al descubierto malas artes, negocios sospechosos y más opacidad que otra cosa.
¿Sobre el Espai Barça existe documentación que los socios no pueden conocer? ¿Guarda relación con Limak, con Goldman Sachs o con las empresas de la dirección de obra…? Acertadamente, el socio Ignasi Prat la ha reclamado y la anuencia del juez ha puesto en tensión a la junta y a algunos ejecutivos que deberán comparecer en el juicio para aclarar las cosas.
Otra consecuencia colateral curiosa radica en que, según la directiva de Laporta, de su relato oficialista, para cuando se celebre la vista oral en febrero del año próximo ya se estará construyendo el nuevo Palau. Llegado ese momento, el juez también podrá comprobar, como ya han aprendido muchos socios, que la palabra, las promesas y las ‘verdades’ de esta directiva son directamente un conjunto continuado de embustes desde 2021.
