El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado ceder al Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) de la Generalitat de Cataluña 10 fincas ubicadas en los distritos de Sant Martí y Sants a través de un derecho a superficie para construir 582 pisos de protección oficial y de alquiler asequible. La medida se enmarca en el acuerdo de colaboración firmado por el consistorio y la Generalitat en 2024 para levantar 637 viviendas en la capital catalana.
La cesión será por 75 años, tiene carácter gratuito, y el Ayuntamiento deberá edificar estos inmuebles en un plazo de cinco años. La propuesta ha salido adelante este viernes con los votos favorables de todos los grupos salvo BComú, que se ha abstenido. Los comunes, de hecho, han tachado el acuerdo de «chapuza» y cuestionado la capacidad y la agilidad constructiva del Incasòl.
La primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, ha destacado que el convenio permite al gobierno catalán actuar como un «actor más» en la estrategia para dar respuesta a la emergencia residencial que sufre la ciudad. Bonet también ha detallado que el Incasòl ya ha empezado a trabajar y que los equipos están redactando los proyectos pertinentes.
La concejala de BComú Lucía Martín, por su parte, ha recordado que en los últimos diez años el Incasòl ha sacado adelante 606 viviendas en Cataluña. «Representa una media de 60 pisos acabados cada año«, ha comentado Martín, que ha avisado de que si este ritmo se mantiene, tardaría 10 años en hacer los 582 pisos previstos.
La representante de los comunes ha considerado que el consistorio debería haber apostado por buscar cooperativas que impulsaran estos proyectos, y ha vaticinado que los solares cedidos acabarán en manos de promotores privados.