Carles Puigdemont se ha reinventado otra vez, mientras espera que el Tribunal Constitucional le valide la aplicación de la ley de amnistía que le va a permitir volver a casa. Ha abandonado el liderazgo de la causa independentista y ahora se dedica a administrar los siete escaños que tiene Junts x Catalunya en el Congreso de los Diputados y que son claves para mantener la gobernabilidad de Pedro Sánchez.
Sus habilidades como negociador no son muy brillantes. Entre otras cosas, porque Pedro Sánchez también depende de los votos de ERC, Sumar, Podemos, PNV, Bildu y BNG, y pasa a menudo que los acuerdos que el presidente de Junts alcanza con el PSOE, y que vende mediáticamente con grandes aspavientos, se quedan en el cajón por falta de apoyo parlamentario suficiente. En cambio, lo tiene más fácil a la hora de colocar a personas del entorno de Junts en cargos bien remunerados de empresas públicas o semipúblicas españolas.
De esta manera, Pere Soler (exdirector general de los Mossos el 1-O) es consejero de la CNMC; Eduard Gràcia, de Renfe; ElenaMassot, de Enagás; y MiquelCalçada, de RTVE. También ha conseguido que su esposa renueve el contrato con la TV de la Diputación de Barcelona.
