La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a once guardias civiles investigados por supuestas torturas y malos tratos a Jordi Ros, detenido en la denominada operación Judas el 23 de septiembre de 2019 contra los CDR.
El procedimiento ya había sido archivado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, que justificó la medida aduciendo una falta de indicios de delito, decisión que fue impugnada por la acusación de Alerta Solidaria.
Ahora, la Audiencia ha descartado entrar a valorar si hay indicios de delito en la actuación de los agentes de la Guardia Civil, ya que entiende que los hechos entran en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía y, por tanto, hay que resolver esta cuestión de forma preferente. Así, asegura que los hechos denunciados no corresponden a ninguno de los supuestos excluidos de la amnistía.
El recurso de apelación que ahora ha resuelto la Audiencia negaba la ausencia de indicios de delito, especialmente cuando el juzgado de Sabadell no había cumplido con la anterior resolución de la Audiencia que le obligaba a investigar todos los hechos, ya que ni siquiera llegaron a declarar como investigados a los agentes. En esta apelación, como ya había sido instada por parte de la defensa de los agentes, se pedía al tribunal que resolviera la cuestión de la amnistía, esquivada por el juzgado.
Alerta Solidaria entendía que no abordar en ese momento la aplicación o no de la amnistía no era más que «un subterfugio, un fraude de ley, que habría permitido al juzgado instructor acordar el olvido penal una vez hubiera recibido de nuevo la revocación del sobreseimiento provisional por parte de la Audiencia».
«Si de algo no había ninguna duda es que el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell, después de cinco años boicoteando la investigación descaradamente, estaba decidido a archivar la denuncia por torturas por cualquier vía», ha lamentado la plataforma sobre el órgano judicial responsable de las indagaciones.
Aunque el recurso argumentaba que la ley de amnistía excluye las torturas y los tratos degradantes, para la Audiencia las amenazas, las coacciones y la privación del acceso a un abogado durante la detención en Sabadell no fueron lo suficientemente graves.
