La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha acordado requerir a la administración del Estado que, en un plazo máximo de 10 días, garantice el acceso al Sistema de Acogida de Protección Internacional de unos 1.000 menores inmigrantes que han solicitado asilo o han expresado la voluntad de hacerlo, y que actualmente están a cargo de los servicios de protección al menor de la Comunidad Autónoma de Canarias. La decisión es fruto de una petición del gobierno canario, que ha argumentado que está «supliendo indebidamente» al Estado en una competencia exclusiva de la administración central.
Los magistrados han reprochado al Estado que no haya puesto a disposición de estos menores los recursos, programas y mecanismos del sistema de acogida para solicitantes de asilo, «al que tienen pleno derecho». Además, han destacado que se encuentran en una situación de hacinamiento en las instalaciones del ejecutivo autonómico, que es «incompatible con el interés superior de los menores», y han concluido que es «urgente» que el Estado «garantice el acceso de estos menores no acompañados solicitantes de asilo al sistema estatal de acogida».
La sala también ha ordenado que en el mismo plazo de 10 días el Estado le informe del cumplimiento de las medidas. Una vez transcurrido este plazo, los magistrados se volverán a reunir para la celebración de una vista pública sobre el cumplimiento de la medida.
