El Parlamento de Cataluña ha aprobado por unanimidad la tramitación de la ley que ha permitido la erradicación total del amianto. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que esta ley es fruto de los acuerdos de investidura con Esquerra Republicana y ha afirmado que se trataba de un «deber moral y ético». Para Paneque, es un proyecto de país y un compromiso con las generaciones de futuro.
La presencia de este material en edificios, instalaciones deportivas y tejados representa un grave problema para la salud pública. En estos momentos, en Cataluña quedan entre 1,5 y 2 millones de toneladas y el 85% de ellas habrán superado su vida útil en 2030. No obstante, si se siguiera el ritmo actual de retirada se tardaría unos cien años en la eliminación total.
La ley establece un marco jurídico que permite una actuación común por parte de todas las administraciones públicas con la finalidad de luchar contra los efectos nocivos que produce el amianto sobre la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente. La nueva norma asigna a la Agencia Catalana de Residuos las funciones ejecutivas e instrumentales en relación con las actuaciones a realizar.
Su uso está prohibido desde 2002, y la Unión Europea recomienda que este material esté retirado en 2028 de todos los edificios y la erradicación definitiva en 2032.
