La Generalitat de Cataluña ha llegado a un acuerdo con Acciona para cerrar el litigio que arrastra desde hace años a raíz de la rescisión del contrato para la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), y abonará 103 millones a la multinacional, según ha avanzado este viernes La Vanguardia y ha confirmado la ACN.
Con el acuerdo, que debe ser convalidado ahora por el Tribunal Supremo, la Generalitat evita el riesgo de tener que abonar 1.000 millones, valor del contrato de privatización del servicio que impulsó el ejecutivo que presidió Artur Mas para obtener liquidez.
La cantidad abonada ahora a Acciona se añade a los más de 300 millones que la Generalitat tuvo que pagar a la multinacional a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2022, que recurrieron ambas partes.
A raíz del recurso de Agbar, el TSJC declaró en junio de 2015 que el proceso de adjudicación a Acciona era nulo, alegando que las bases del concurso incluían un programa de obras «orientativo», que posteriormente se consideró como «obligado». El tribunal puso de manifiesto que el concurso generó así una «confusión» contraria a los principios de «transparencia, publicidad e igualdad», que son «esenciales en materia de contratación».
Casi tres años más tarde, en febrero de 2018, el Supremo ratificó la sentencia del TSJC que anulaba el concurso de privatización que había convocado la Generalitat en 2012 y había impugnado Agbar. Finalmente, la Generalitat se hizo cargo del servicio en 2018.
Un documento firmado por Santi Vila, entonces consejero de Territorio, y por el consejero de Economía del momento, Andreu Mas-Colell, reconocía que si el contrato se rescindía habría que indemnizar a la multinacional por el lucro cesante. La Generalitat ha optado por evitar riesgos y abonar los 100 millones.
