Los abogados de la familia Cierco, ex-máximos accionistas de la antigua Banca Privada d’Andorra (BPA), consideran que es necesario adoptar una «solución legislativa» para abordar las causas que han llevado a la entidad financiera a los tribunales. Todo ello cuando se cumplen diez años de la intervención por parte del gobierno del Principado de Andorra, a raíz de una nota emitida por el FinCEN, oficina del Tesoro de los EE. UU., en la que la vinculaba a operaciones de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado.
Así, los letrados han defendido la tramitación de una ley de amnistía como medida de «reconciliación social» y teniendo en cuenta la complejidad del proceso judicial. En este sentido, defienden limitarla, entre otros, a antiguos empleados, directivos y miembros del consejo de administración del banco.
El abogado Xavier Jordana ha defendido la amnistía ante lo que considera un caso «excepcional» y de una «gravedad extrema» en el que, en su opinión, se han cometido varios «errores». También porque el proceso afecta a muchas personas, entre ellas extrabajadores del banco, y porque las consecuencias que se derivan merecen «una reflexión y una solución de carácter político que pase por el parlamento andorrano».
La propuesta ha sido trabajada conjuntamente con un equipo de abogados de Barcelona, así como con catedráticos de las universidades de Barcelona, Pompeu Fabra y la Sorbona (París). Se basa en la manera como se intervino la BPA en 2015 y los efectos de esta acción, que creen que han sido «desproporcionados». Afirman, de hecho, que la información del Tesoro estadounidense estaba «inducida por la inquietud que tenían los EEUU sobre la plaza financiera andorrana» y la influencia que habría ejercido la llamada policía patriótica española, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, para obtener las cuentas de la familia Pujol en la entidad, además de otros dirigentes políticos independentistas, según ha detallado Jordana.
Otra de las motivaciones radica en el presunto delito de blanqueo de capitales que, según el letrado, no habrían cometido los antiguos trabajadores del banco, ya que, según ha aseverado, «no hay ninguna prueba». Por tanto, considera que no se puede acusar «de organización criminal» a toda la entidad. En este sentido, ha dicho que en las operaciones que se investigan en el ámbito judicial han intervenido hasta 250 bancos de todo el mundo, sin que haya ningún «empleado ni directivo que esté inculpado o procesado».
Por su parte, la abogada Sònia Ruiz, ha indicado que la vía de la amnistía no implica un «perdón», sino «la renuncia del Estado a perseguir determinados hechos en determinadas circunstancias por razones de reconciliación social».
