El Gobierno de España ha anunciado este miércoles que vetará la proposición de ley de Sumar para que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) no tributen por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Según el Ministerio de Hacienda, la iniciativa podría tener impacto en las cuentas del Estado y, por tanto, el ejecutivo puede hacer uso del artículo 134.6 de la Constitución, que establece que cualquier proposición de ley o enmienda que implique un incremento del gasto o una disminución de los ingresos públicos necesita el consentimiento previo del Gobierno central.
Sumar, por su parte, ya ha avanzado que hará «lo que sea necesario» para garantizar la justicia fiscal, y la formación podría buscar un entendimiento con el PP para probar el veto a la Mesa del Congreso.
Tras semanas de tiranteces entre el PSOE y Sumar sobre la tributación del IRPF, hay registradas cuatro iniciativas para dejar exento el SMI: una proposición de ley de Sumar, una del PP, una de Podemos, y una conjunta no de ley de ERC y BNG.
El veto del ejecutivo implicaría frenar la tramitación de las iniciativas. El plazo de que dispone el Ministerio de Hacienda expira el 28 de marzo y previsiblemente la cuestión se abordará en la reunión de la Mesa del próximo martes, día 25.
La Mesa está formada únicamente por representantes del PSOE (3), PP (4) y Sumar (2), de manera que las fuerzas que integran el Gobierno tienen mayoría siempre que voten unidas. Por el contrario, un potencial entendimiento entre PP y Sumar dejaría a los socialistas en minoría.
Todo ello un mes después de que el Consejo de Ministros aumentara el SMI hasta los 1.184 euros en 14 pagas, pero Hacienda se negara a actualizar las tablas de la tributación al IRPF, factor por el que algunos de los perceptores tendrán que pagar por primera vez este impuesto.
Según el reglamento del Congreso, el margen de maniobra de la Mesa del Congreso respecto a un veto está delimitado: puede admitir el veto, puede reclamar más información si considera que el Gobierno de España no lo ha justificado adecuadamente, y también puede permitir la tramitación de la iniciativa si considera que el veto no está bien fundamentado.
Pero en este caso, el Gobierno todavía puede insistir en el veto y bloquear definitivamente la tramitación. Finalmente, los grupos parlamentarios pueden llevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional.