La Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el reglamento que regulará el uso de las 22 pistolas Taser con las que contará la Guardia Urbana, a pesar del rechazo y las críticas que la medida ha recibido por parte de entidades defensoras de los derechos humanos y especializadas en salud mental. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PSC, Junts, PP y Vox, mientras que BComú ha votado en contra y ERC se ha abstenido.
La previsión es que los dispositivos de descarga eléctrica se incorporen a principios de 2026. Según ha explicado el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, no se podrán utilizar en determinadas partes del cuerpo ni en personas menores de 14 años. Además, los agentes llevarán un dispositivo de grabación automática con el fin de trazar el uso que hacen de las Táser.
Amnistía Internacional dice que no cumple los estándares internacionales
La ONG Amnistía Internacional, que ya ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación por la adquisición e incorporación de este tipo de armas en los cuerpos policiales, ha advertido de que la última versión del reglamento a la que ha tenido acceso «no incluye suficientes garantías de protección de los derechos humanos y permite el uso del arma en situaciones que no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos, contraviniendo el principio de proporcionalidad».
«Permitir el uso de estas armas en situaciones que van más allá de lo que establecen los estándares internacionales pone en riesgo la seguridad y los derechos humanos de la ciudadanía. Es esencial garantizar un control estricto del uso y una regulación más clara», ha declarado Júlia Pérez Català, responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional Cataluña.
Entre las demandas y alegaciones que la ONG ha hecho llegar a los grupos políticos sobre el reglamento, está la necesidad de «limitar los usos a situaciones donde haya riesgo grave para la vida o lesiones graves (potencialmente letales) de los agentes o terceras personas»; «prohibir su uso contra todas las personas menores de edad«; «evitar su uso contra personas vulnerables como enfermos mentales, personas bajo los efectos del alcohol y las drogas o en estado de delirio exacerbado»; y «prohibir su uso en manifestaciones y concentraciones, sin ningún tipo de excepción».
Entidades de salud mental piden suspender el reglamento
Entidades de salud mental han pedido suspender la aprobación del reglamento, o al menos la dotación, del uso de las pistolas eléctricas por parte de la Guardia Urbana de Barcelona. En una carta abierta dirigida a Batlle, las entidades expresan su «profunda preocupación» si se utilizan en personas con sufrimiento psíquico o problemas mentales, y piden que se suspenda la aprobación del reglamento hasta que no se lleve a cabo un estudio técnico independiente sobre las afectaciones por el derecho a la vida y el respeto a los derechos fundamentales, «en particular en personas en estados de agitación o crisis de salud mental».
«La aplicación de las descargas eléctricas en situaciones de crisis de salud mental puede generar posibles efectos adversos imprevisibles, empeorar los estados de agitación y aumentar el riesgo de descontrol de la situación», indican las entidades, que aseguran que representa «una amenaza para la vida y la salud de las personas que estén pasando por una crisis de salud mental, un estado de agitación psicomotora o una tentativa de suicidio». La carta la firman la Sociedad de Salud Mental Cataluña, la Federació Veus, La Capçalera, la Mesa de entidades del Tercer Sector Social, la Asociación Catalana de Profesionales en Salud Mental e Irídia.
La intervención policial y el uso de la fuerza, dicen, no debería ser la primera respuesta a la hora de responder a una situación de crisis y sufrimiento psíquico, y la actuación de servicios médicos «siempre debería ser previa al uso de las pistolas eléctricas». En la misiva también piden al teniente Batlle que se abra un proceso participativo «real» que dé voz a las entidades sociales y al resto de actores implicados con el objetivo de incorporar «más garantías de protección de derechos humanos y seguridad jurídica para los agentes policiales».
