La Audiencia de Barcelona ha aceptado el recurso de apelación que presentó el Ayuntamiento de Premià de Mar contra el sobreseimiento del caso que señalaba al director y la directora médica de la residencia Domus Vi Ca n’Amell, donde fallecieron 87 ancianos durante la pandemia de la covid-19.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró cerró la instrucción el pasado mes de julio al considerar que «no estaban suficientemente justificados los indicios de delito». Ahora, sin embargo, la Audiencia ha enmendado aquella resolución y ha ordenado al juzgado la reapertura del caso.
Según el tribunal, hay una «evidente negligencia» tanto en el ámbito administrativo como en el médico hacia los usuarios de la residencia. Los responsables del equipamiento están investigados por homicidio imprudente y trato degradante.
La Audiencia de Barcelona ha indicado que había una falta de personal que implicaba «graves deficiencias» en los cuidados. «Estaban abandonados», ha señalado. Y también ha apuntado a una «falta de comunicación» entre los profesionales sobre el estado de los usuarios, así como el hecho de que había un «déficit de material» para la atención de los residentes.
Por todo ello, el escrito de la Audiencia sostiene que hubo una «gran cantidad de usuarios» que estaban en situaciones «lamentables» por desatención, al margen de la situación derivada de la pandemia. En este sentido, el auto apunta que el «colapso» global que provocó la pandemia no justifica la «desatención» a los residentes.
El mismo escrito concreta una serie de situaciones que se dieron en Ca n’Amell, como casos de deshidratación o desnutrición, falta de higiene o fracturas por caídas que quedaban desatendidas. Tampoco se daba a los residentes la medicación y se les dejaba durante días la cama, rodeados de excrementos y con heridas abiertas. La Audiencia considera que la suma de estos factores «ayudó» a la muerte de muchas personas.
«No se les ofrecía la más mínima ayuda para revertir sus necesidades físicas, de higiene o comida, al margen de la omisión mínima de una atención emocional que una persona merece», concluye el auto que reabre el caso.