Varios presidentes autonómicos del PP se han pronunciado en contra del pacto anunciado este martes entre el PSOE y Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados, y han advertido de que no lo aceptarán. Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha tachado de «lamentable» el pacto y ha anunciado que lo llevará «a tribunales y a la Unión Europea».
En un mensaje en X, Ayuso ha asegurado que el acuerdo fomenta la «inmigración irregular masiva» y que la política migratoria del gobierno español es «un lastre para todos: para España, para Europa y para los propios inmigrantes, en manos de mafias». En la misma línea, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha advertido en un comunicado de que su gobierno «defenderá sus competencias y no tolerará un reparto absolutamente arbitrario, al dictado del separatismo catalán».
Mazón ha reprochado al ejecutivo central que tome decisiones sobre la política migratoria «a espaldas de las comunidades autónomas» y le ha acusado de «utilizar» a los menores no acompañados «como cesión a sus socios de gobierno». Por su parte, los presidentes autonómicos de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alfonso Rueda, también han criticado la «falta de información» sobre el acuerdo, y han dejado la puerta abierta a la posibilidad de presentar un recurso en contra, como ya ha anunciado Ayuso.
Moreno ha cargado contra lo que considera «la enésima cesión a Junts» por parte del presidente español, Pedro Sánchez, y ha advertido de que Andalucía no «aceptará imposiciones» del presidente de la formación posconvergente, Carles Puigdemont. Rueda, a su vez, se ha mostrado sorprendido porque «Puigdemont, desde Waterloo, decida ahora cuántos menores no acompañados tienen que venir a Andalucía o a Galicia», y ha asegurado que las plazas para acoger a menores en los centros gallegos «están absolutamente colmatadas».
En las Islas Baleares, el Consell de Mallorca, representado por el consejero de Presidencia Antoni Fuster, también ha rechazado el acuerdo y lo ha calificado de «vergüenza». «Decimos no», ha afirmado, señalando que los centros de Mallorca están al límite y acusando a Sánchez de no tener «ninguna política de Estado de inmigración, sino una política para seguir en el Gobierno».
Por parte de Génova, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha manifestado que «lo que hará la Comunidad Valenciana es lo que harán todos los territorios donde gobierna el PP. Negarse a acoger a menores migrantes si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías». «Son personas a atender, no paquetes a recepcionar, como cree el gobierno de Pedro Sánchez», ha remachado Tellado.
Este mismo martes, el PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa que reclama al ejecutivo central que no delegue las competencias en migración a Cataluña, y que no se someta «a los dictados de Junts».
Críticas de los partidos catalanes
Aparte del PP, en Cataluña, varios partidos con representación en el Parlament también han criticado determinados términos del acuerdo entre el PSOE y Junts, pero han abogado por respetarlo y aplicarlo.
Es el caso de Comuns, que pese a celebrar el pacto, ha lamentado la «gesticulación racista» de los posconvergentes. En opinión del portavoz parlamentario de los comunes, David Cid, el partido de Puigdemont está, «de nuevo», «más preocupado» por Aliança Catalana que por los menores no acompañados que se encuentran en Canarias.
En la misma línea, la CUP ha reprochado a Junts su «insistencia» en la inmigración, «como si el problema realmente estuviera aquí», y ha acusado a la formación posconvergente de estar «comprando el marco de la extrema derecha». «Junts no está apuntando donde toca. Los problemas no vienen de los inmigrantes, sino que son mucho más estructurales, hay que apuntar a quien provoca estos problemas», ha expresado la diputada cupera Pilar Castillejo.
