La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha entregado al presidente del Parlament, Josep Rull, el informe anual de la institución correspondiente al año 2024. El informe concluye que la Administración catalana debe mejorar en eficacia. «La ineficacia genera desconfianza en las instituciones, tiene impacto en la calidad de vida de las personas, amenaza la sostenibilidad del Estado del bienestar, supone un freno al ascensor social y es un obstáculo para el desarrollo económico», concluye este informe.
Así, para mejorar la ineficacia es «imprescindible redimensionar los servicios para adaptarlos a la Cataluña de los 8 millones de habitantes», tal y como ya se reclamaba en el informe anual de 2023, pero también habría que simplificar los trámites administrativos y el tiempo de reacción y de respuesta ante las demandas de los ciudadanos.
Según la síndica, «una Administración eficaz es aquella que es capaz de ejercer sus funciones respetando los derechos de las personas y la normativa aplicable, pero que también resuelve los problemas de los ciudadanos a quienes sirve con calidad, diligencia, profesionalidad y a un coste razonable».
El informe de este año concreta algunas manifestaciones de esta ineficacia. La síndica critica la lentitud de la Administración catalana, pues tarda demasiado tiempo en dar respuestas a la ciudadanía. Unos ejemplos son las listas de espera en Sanidad, Servicios Sociales o Vivienda. En el ámbito de la salud, a octubre de 2024, había un 9% más de pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas y un 18% más para acceder a pruebas diagnósticas o a consultas externas.
En cuanto a las listas de espera para acceder a las residencias para personas mayores y para personas con discapacidad también han aumentado (un 7% y un 6,4%,respectivamente): el tiempo medio de espera para acceder a las residencias de la tercera edad es de 1,2 años y para los servicios residenciales para personas con discapacidad es de 6 años. En vivienda, el tiempo medio de adjudicación de una vivienda social es de casi un año y medio. Y en ayudas para la dependencia, a pesar de haber mejorado, el tiempo de espera es todavía de 9 meses. Finalmente, la dilación judicial es explicada por la saturación del servicio, lo que comporta que tenga claras afectaciones sobre las personas y su derecho a la tutela judicial efectiva y provoca victimización.
En segundo lugar, la síndica Giménez-Salinas denuncia que la Administración actual es «complicada y excesivamente burocrática«. El montón de trámites burocráticos que se exigen para conseguir un servicio están pensados para tener el máximo control e inhibir a los incumplidores. Sin embargo, acaban comportando que los ciudadanos, por ejemplo, tengan que entregar la misma documentación en diferentes administraciones porque la interoperabilidad no está plenamente garantizada. En el mismo sentido, los formularios de uso obligatorio en la tramitación de determinadas solicitudes están pensados para facilitar la gestión interna de los procesos, pero pueden ser una dificultad para el ejercicio de los derechos de las personas.
En el mismo sentido, el uso de un lenguaje no suficientemente claro, no adecuado o el hecho de no dar suficiente información a la población también tiene afectaciones en la eficacia de una política pública. La dificultad para comprender los trámites o los documentos comporta incumplimientos tributarios que pueden acabar en sanciones económicas. Por ejemplo, la implementación de la tasa para la prestación del servicio de gestión de residuos ha generado numerosas quejas durante el año 2024.
La Sindicatura considera que es necesario proporcionar una información correcta antes de implantar una medida. «Una información correcta puede ayudar a que ésta tenga una mejor acogida en la sociedad y que haya más confianza en la Administración», asegura el informe de la síndica. Por otro lado, la Administración no actúa con la máxima eficacia cuando segmenta su intervención para tratar situaciones de vulnerabilidad que a menudo son complejas y requieren ser tratadas desde varios frentes.
Administración obsoleta
Para la Sindicatura de Greuges, resultaría imprescindible integrar la gestión de la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital, y hacerlos compatibles con otras ayudas, como las de la vivienda. En tercer lugar, Giménez-Salinas considera que la Administración actual es «obsoleta» y utiliza recursos que a menudo no son los más adecuados para conseguir los objetivos que persigue. Un ejemplo de ello es el sistema de protección de la infancia, que aún presenta una preponderancia de la institucionalización de los niños y adolescentes.
La acogida residencial es especialmente perjudicial para los niños menores de 6 años. Con datos de septiembre de 2024, sin embargo, ha aumentado el número de niños menores de 6 años que están en acogida residencial.
El modelo de atención a las personas mayores tampoco responde a las tendencias europeas. Mientras que los datos señalan que las personas mayores prefiere vivir en casa o en una vivienda accesible en caso de dependencia, en Cataluña se ha apostado por aumentar las plazas residenciales, cuando lo que sería necesario «es potenciar una atención domiciliaria integral y disponer de una red de servicios de apoyo y ayuda coordinados e interconectados».
La Administración catalana tampoco ha dado una respuesta eficaz al problema cronificado de Rodalies (Cercanías), que es el servicio de transporte público con peor valoración por parte de la ciudadanía. Las incidencias graves sufridas en el año 2024 (por la infraestructura, los trenes o la información que se ofrece) han frenado la tendencia creciente de pasajeros de años anteriores, a pesar de haberse mantenido las medidas de accesibilidad económica. Durante el año pasado, Cercanías tuvo 127,4 millones de viajeros, una cifra muy similar a la de 2023, mientras que otros servicios ferroviarios, como FGC o Metro, han experimentado crecimientos superiores al 5%.
En cuarto lugar, la síndica ha hablado de una Administración que, a veces, está ausente, en el sentido de que, a lo largo de los años no se ha creado una política pública lo suficientemente robusta para responder a las necesidades de las personas o no llega a todas las que lo necesitan. Sería el caso, por ejemplo, de la vivienda social: 39.942 viviendas sociales y 97.544 personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial. También de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital: más de la mitad de la población en situación de pobreza material severa no recibe ninguna de estas ayudas. En este sentido, tampoco hay un modelo de acogida e inclusión del hecho migratorio, no se garantiza la equidad y la cohesión social, y la población de origen migrante tiene un acceso desigual a las oportunidades de bienestar social.
En cuanto a las políticas para hacer frente a los efectos del cambio climático, también destaca una falta de planificación. Un ejemplo de ello sería que sólo 206 municipios disponen de un plan de emergencias por inundaciones de los 521 que obligatoriamente deberían tenerlo.
En quinto y último lugar, el informe pone ejemplos de casos en los que la Administración no ha hecho una buena gestión de los recursos públicos. Sería el caso de los problemas derivados de las reclamaciones de los ingresos indebidos del RGC. Y es que más de 2.300 personas recibieron erróneamente ingresos y luego se les reclamó que lo devolvieran. Esto supuso un sufrimiento sobrevenido de muchas personas que veían amenazada su ya precaria economía familiar, pero también un uso indebido de recursos públicos. El informe también destaca que existe un consenso global sobre la infrafinanciación que sufre el sistema educativo, aunque se ha incrementado en un 70% el presupuesto ejecutado desde el año 2014.
