El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado recursos de casación interpuestos por el Departamento de Educación de la Generalitat contra 12 sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del propio TSJC, que daban la razón a familias que quieren más presencia del castellano en la escuela.
En ocho casos se trata de providencias de inadmisión a trámite y cuatro más son por inejecución de sentencia. La Generalitat alegaba que las sentencias, que fijaban un 25% de castellano en la clase de cada alumno afectado, obviaban la nueva normativa de 2022: un decreto ley que fija los criterios de los proyectos lingüísticos de los centros y prohíbe los porcentajes de lenguas, y un decreto que ordena las asignaturas.
Por ello, el Departamento de Educación aducía que era necesaria una nueva sentencia que unificara los criterios judiciales de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC basándose en la normativa de 2022, no en la anterior. La sección de casación de la sala concenciosa administrativa, sin embargo, ha concluido que no hacen falta nuevas sentencias y ha inadmitido los recursos presentados por la Generalitat, indicando que no se había justificado lo suficiente la petición en los términos previstos por la ley.
