El gobierno español ha aprobado en el Consejo de Ministros el decreto de modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para establecer un sistema de reparto de menores migrantes no acompañados, a raíz del acuerdo con Junts. Según ha explicado la formación posconvergente, el decreto, que deberá convalidarse en el Congreso en un plazo de 30 días, establece unos «criterios justos y equitativos» para «resolver la situación humanitaria» y «ser más eficaces en el trabajo de integración y oportunidades de vida a los menores».
El pacto no sólo supone un sistema para repartir los 4.400 menores que se encuentran en Canarias, sino que la voluntad del ejecutivo central es que tenga continuidad en el tiempo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apuntado que este es un «hito en defensa de los derechos humanos y del interés superior de los menores», y ha dicho que se trata de fijar una «solidaridad equitativa» entre los territorios que reciben inmigrantes en sus costas y el resto de las comunidades.
En este sentido, Torres ha admitido que Cataluña, País Vasco y Canarias han hecho «un esfuerzo más importante» que otros, y ha pedido al PP que «reflexione» y que no se deje llevar por las «amenazas de Vox». Según el gobierno español, la distribución se hará efectiva una vez se convalide el decreto ley en el Congreso, e irá acompañada de una «compensación económica» para las comunidades autónomas.
Según ha confirmado el gobierno central, el cálculo, de acuerdo con el sistema de reparto, da como resultado que Madrid será la comunidad autónoma que más menores recibirá, 806; seguida de Andalucía, con 796; la Comunidad Valenciana, con 477; y Galicia, con 326.
Las que menos menores recibirán serán Cataluña, con 26; Melilla, con 34; las Islas Baleares, con 58; y el País Vasco, con 87.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo del gobierno catalán, la portavoz y consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha valorado positivamente el acuerdo: «Hablamos de personas. Cualquier despliegue debe tener visión humanista y de solidaridad. Es un esfuerzo común. Bienvenido este acuerdo», ha manifestado.
Criterios de reparto
El decreto establece la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para introducir que cualquier comunidad autónoma tenga una presencia de menores no acompañados que multiplique por tres su capacidad ordinaria, trasladará al gobierno español su situación de emergencia para que se active el sistema de reparto.
Además, fija una serie de criterios para hacer efectivo este reparto, de manera que se tendrá en cuenta en un 50% la población, en un 13% la renta por cápita, un 15% la tasa de paro, un 6% el esfuerzo realizado, un 10% el dimensionado estructural del sistema de plazas, un 2% si se trata de una ciudad fronteriza, un 2% por insularidad y un 2% por dispersión.
Las comunidades tendrán hasta el 31 de marzo para trasladar al gobierno español las certificaciones de los menores no acompañados que actualmente están atendiendo para poder hacer este cálculo. El ejecutivo central financiará las plazas de cada territorio que excedan esta «capacidad ordinaria» con 100 millones de euros a repartir entre los territorios.
Fuentes del gobierno español han apuntado que, pese a lo que digan ahora los gobiernos del PP, la ley «se tendrá que cumplir». Estas fuentes recuerdan que una cosa es posicionarse en una rueda de prensa y otra muy diferente hacer desobediencia a la hora de aplicar la norma.
Situación actual
Actualmente, Cataluña aparece en el primer lugar de zonas de acogida de la lista si se mira el número de plazas del sistema por cada 100.000 habitantes. De hecho, tiene 64, cuatro más que el País Vasco, que tiene 60, y 21 más que las Baleares, que completa el podio con 43 plazas. Por detrás están Asturias (41), Aragón (36), La Rioja (35) y Canarias (34).
Si se tienen en cuenta los datos del Ministerio de Juventud, la media estatal de plazas es de 34. Por debajo de esta cifra están Murcia, la Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Extremadura. Cantabria, Madrid y Castilla-La Mancha ocupan las tres últimas posiciones, con 23 plazas, 22 plazas y 21 plazas por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
