El informe anual sobre el Estado de derecho de la Civil Liberties Union for Europe (Liberties) alerta de que España se encuentra en una situación de «estancamiento» en sus indicadores democráticos. Según el documento, el país no ha experimentado avances significativos en la independencia judicial, la transparencia política y la protección de los derechos fundamentales.
«España no ha reformado su sistema judicial, que mantiene estructuras heredadas de su dictadura«, indica el informe de Liberties, que señala la parálisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el principal elemento preocupante en el país. El bloqueo del CGPJ se resolvió el 25 de junio de 2024, cuando PP y PSOE llegaron a un acuerdo para su renovación después de más de cinco años de inmovilismo.
«España no ha tomado medidas para asegurar que los miembros del Poder Judicial sean elegidos por los jueces como pide la Comisión Europea, y la decisión permanece en manos de los partidos políticos en un sistema poco transparente», destaca el texto. En este sentido, el documento señala que el sistema judicial continúa sufriendo interferencias políticas, con deficiencias en el nombramiento y la destitución de jueces, y también alerta sobre la falta de ejecución de sentencias, un problema compartido con otros países de la Unión Europea (UE).
En materia de corrupción, el texto la define como un problema «sistémico» y «común», e indica que está «concentrado en los principales partidos políticos y las más altas instituciones del Estado, como evidencia el exilio del rey emérito JuanCarlos I«. El informe señala dificultades para regular los conflictos de intereses y la transparencia del lobby, así como una protección insuficiente de los denunciantes, y destaca que la mayoría de las contrataciones públicas «son privilegio de grandes empresas cercanas al gobierno».
Retroceso en la protección de derechos civiles
Aunque España no es uno de los países que Liberties considera «desmanteladores de la democracia», sí que ha registrado un retroceso en la protección de los derechos civiles. En este sentido, el informe alerta de que «desde la introducción de la llamada ley mordaza se han restringido derechos, se han realizado reformas insuficientes y se han mantenido disposiciones regresivas que menoscaban los derechos civiles y la confianza en el poder político».
El texto alerta del deterioro del clima para la sociedad civil e indica que activistas y organizaciones no gubernamentales enfrentan obstáculos crecientes y restricciones en el ejercicio del derecho de protesta. El informe, además, denuncia el uso desproporcionado de la fuerza policial en manifestaciones, especialmente en movilizaciones climáticas y propalestinas.
Por otro lado, el texto apunta que la libertad de prensa se ve amenazada por la influencia política en los medios públicos y por la opacidad en la propiedad mediática. Además, apunta el documento, el marco electoral español está condicionado por la manipulación de la publicidad política.
El informe de Liberties, elaborado con la participación de 43 organizaciones de derechos humanos en 21 países de la Unión Europea, concluye que el conjunto de la UE sufre un retroceso democrático ante la respuesta insuficiente de las instituciones europeas.